Los asesinos del joyero
Éver Antonio Castellani Aquino tenía 42 años y se dedicaba a la venta de joyas que ofrecía a través de diferentes avisos en las redes sociales.
El miércoles pasado un supuesto comprador le estuvo escribiendo insistentemente con la intención de ir hasta su local a comprar una joya que ofrecía, pidiéndole que le enviase la dirección para ir hasta allí.
Aunque no era algo habitual, ya que era él quien generalmente llevaba sus joyas hasta el domicilio de sus compradores; y quizás con la intención de no perder el negocio, el comerciante le envío a través del WhatsApp la ubicación de su casa, utilizada también como pequeño salón.
Minutos antes de las 14, dos asaltantes llegaron hasta la vivienda, ubicada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, y tras un breve forcejeo uno de ellos le disparó a través de la puerta principal, causándole la muerte minutos más tarde.
Poco le importó a los asaltantes que su víctima estuviese agonizando allí, ya que siguieron buscando joyas y dinero para luego huir a bordo de la motocicleta en la que llegaron, aunque finalmente la policía los capturó en Presidente Franco.
Al revisar sus datos en el sistema de identificación se constató que ambos tenían vigentes condenas de cárcel por asaltos cometidos a mano armada, pero en ambos casos disfrutaban de la libertad condicional otorgada por dos jueces.
Uno de los detenidos, Adrián Ramón Cabral Candia, de 26 años, había sido condenado en mayo de 2019 a 6 años y 6 meses de cárcel por otro asalto a mano armada, pero ya en 2022, el juez Troadio Galeano le había permitido salir en libertad condicional.
Galeano, actualmente ya jubilado, ya había sido cuestionado por otorgar una medida de salidas transitorias de la cárcel a un asaltante condenado a 23 años de prisión por asesinar a una de sus víctimas.
El asaltante y homicida en cuestión, Richard Darío Benítez, utilizaba esas salidas concedidas generosamente por el juez Galeano para volver a delinquir con nuevos asaltos, escándalo luego del cual Galeano revocó su disposición.
El otro detenido por el asesinato del vendedor de joyas es Hernán Ariel Leguizamón Roa, de 25 años, quien había sido condenado a 10 años de cárcel por un robo agravado que había cometido hace poco más de seis años, en 2017.
La fiscal Liliana Duarte confirmó el viernes en la 730AM que había logrado en el año 2019 la condena de 10 años de cárcel para Leguizamón por el asalto que cometió en el año 2017, pero el juez de ejecución penal del Alto Paraná, Aldo Javier Moreira Curtido le concedió la libertad condicional
hace unas pocas semanas, en diciembre del año pasado.
La fiscal confirmó que se opuso al pedido de libertad condicional del asaltante y que presentó al juez Moreira un dictamen en el que aseguraba que el delincuente condenando no estaba en condiciones de reinsertarse y además ni siquiera tenía definido un lugar en el que viviría luego de su eventual liberación.
Pese a ello el juez Aldo Moreira lo liberó y la fiscal apeló su decisión argumentando que el magistrado tampoco fundamentó su resolución, y solo se limitó a citar algunos artículos de la Constitución Nacional y el Código Penal sin explicar por qué para él el temerario asaltante condenado a 10 años de cárcel por robo agravado ya no representaba un peligro para la sociedad.
Pero la Cámara de Apelaciones tampoco se expidió rápidamente, recién el jueves, al día siguiente del asesinato del comerciante a manos del delincuente liberado, los jueces Myrian Meza de López, Lilian Lorena Benítez Vallejos y Efrén Giménez Vázquez emitieron una resolución revocando la libertad condicional de Hernán Leguizamón por parte del juez Aldo Moreira.
Hay una verdad de hierro en todo esto. El crimen del miércoles pasado no se hubiese cometido si ambos delincuentes seguían cumpliendo sus condenas de prisión.
Si hubiésemos tenido un sistema de justicia que funcione, y jueces íntegros e interesados en proteger a la sociedad, los dos asesinos del joyero no tenían que haber estado en libertad.