Lapidario informe de la CGR sobre el negocio de combustibles en el país
Desde combustibles con componentes potencialmente contaminantes de cursos hídricos (superficiales y subterráneos) hasta la falta de una legislación que ordene la utilización de equipos de protección para los trabajadores de servicentros evidencia un lapidario informe técnico de alerta de la Contraloría General de la República (CGR). El presidente Santiago Peña recibió ayer el documento. También se remitió a Erssan, Petropar y DNCP.
Los combustibles importados y utilizados en Paraguay contienen MTBE (éter metilberbutílico), benceno y otros componentes que potencialmente pueden contaminar los cursos hídricos, el agua subterránea, el suelo y el aire, ya sea por derrames producidos durante su despacho o fugas de los tanques subterráneos y por gases que se volatilizan al momento de su despacho, según parte de las conclusiones del contundente informe técnico de alerta de la Contraloría General de la República (CGR).
El documento, de más de 40 páginas, fue elaborado por la Dirección General de Control de Gestión Ambiental y Cultural del Estado del ente de control, a partir del análisis de documentos proveídos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y las municipalidades de Asunción y Villa Elisa.
El reporte también concluye que “la contaminación del ambiente, que incluye la contaminación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), el suelo y el aire afecta la salud de las personas, las que trabajan en las estaciones de servicios y gasolineras, recepción y despacho de combustibles, lavaderos, tiendas de conveniencia y otros servicios y centros educativos, lugares de acumulación de personas (hospitales, shoppings, templos, hoteles, edificios para oficinas, etc.)”. Igualmente, dice que las estaciones de servicio y gasolineras, en su mayoría, no cuentan con equipamiento necesario para evitar la volatilización de los gases que ocurre durante el despacho y almacenamiento de combustibles.
Asimismo, no existe disposición legal que establezca la utilización de equipos de protección al personal que opera las estaciones de servicios y gasolineras, exponiéndose a contaminantes que ponen en riesgo su salud. A esto se suma que no se evidenció que para el sistema de protección contra incendios se establezca el uso de la espuma mecánica como agente extintor.
Proliferación e incumplimientos
El informe de la CGR igualmente detalla algunos hallazgos con relación a las instituciones evaluadas. Una de ellas es la Municipalidad de Villa Elisa, que multó entre 2021 y 2023 a 17 estaciones de servicios por transgresión a la ordenanza de prevención de incendios. El funcionamiento de las gasolineras en esas condiciones fue calificada como un alto riesgo,
atendiendo a que podrían derivar en consecuencias trágicas.
El ente de control también menciona que la Municipalidad de Asunción no puede exigir el cumplimiento de la Ordenanza Nº 7/2011 debido a medidas cautelares presentadas por las estaciones de servicios.
“Situación que hace que el municipio no cuente con una normativa que regule dicha actividad” (sic).
Sobre este punto, la conclusión más contundente del ente de control apunta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó medidas cautelares que suspenden los efectos de disposiciones legales que reglamentan la instalación y operación de las estaciones de servicios, gasolineras y puestos de consumo propio, basados
en cuestiones del derecho al trabajo sin considerar disposiciones legales ambientales e inclusive la Constitución Nacional.
El informe ya está en manos del presidente de la República, Santiago Peña. Asimismo, se remitió al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que, en el ámbito de sus competencias, tomen acciones pertinentes sobre este tema.