La CGR identificó peligrosa presencia de gasolineras cerca de escuelas y hospitales
Seis gasolineras a metros de escuelas, hospitales y supermercados pudo identificar la Contraloría General de la República en su lapidario informe de alerta sobre agentes contaminantes en estaciones de servicios. Estos servicentros aparecen como beneficiados con las medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema de Justicia.
El lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre agentes contaminantes en estaciones de servicio, cita seis de ellas que fueron beneficiadas con medidas cautelares para operar. El documento cita a modo de ejemplo que estas gasolineras están a metros de hospitales, escuelas, supermercados, iglesias y otras estaciones.
Una de las gasolineras en el barrio Herrera (Asunción), por ejemplo, dice que está frente a un gimnasio, local gastronómico y centro de enseñanza de inglés, además en un radio de 1.000 metros operan otras ocho estaciones de servicio.
Otro caso se da en el barrio San Pablo de Asunción, donde un servicentro está a dos cuadras del Hospital Materno Infantil y a dos cuadras de la escuela Juan Eudoro Cáceres. En un radio de 1.000 metros de esta estación de servicio existen seis más, según el documento del ente de control.
Otro ejemplo de la Contraloría es de la gasolinera que está en el barrio Mariscal López de Asunción. Este servicentro está frente al Hospital de la Policía Rigoberto Caballero y a metros de Mburuvicha Róga, además a su alrededor (1.000 metros a la redonda) existen otras cuatro estaciones de servicio, señala el informe.
Atribución constitucional y legal
El director de Auditoría Forense de la CGR, Leandro Villalba Baruja, indicó que el informe de alerta se realizó a partir de la atribución constitucional y legal del ente de control ante denuncias ciudadanas sobre la intervención del organismo del Estado. “El artículo 283 de la Constitución Nacional que dice que son deberes y atribuciones del contralor general el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos del patrimonio del Estado”, fundamentó al momento de defender el documento de más de 40 páginas.
El informe de alerta habla desde combustibles con componentes potencialmente contaminantes de cursos hídricos (superficiales y subterráneos) hasta la falta de una legislación que ordene la utilización de equipos de protección (ver info de todos los hallazgos).