Imputa a Abdo Benítez
Molestia por agregar los pagos a Peña y Boidanich
Lo cierto es que a partir de la supuesta filtración del requerimiento de la Fiscalía panameña, el acta de imputación contra Mario Abdo y equipo deja al descubierto otras molestias con relación al trabajo de Seprelad. En el relato fiscal se menciona que el exsecretario anticorrupción René Fernández y Daniel Farías Kronawetter –un funcionario de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), pero “comisionado” al Ministerio del Interior– tuvieron a su cargo la supuesta elaboración y la filtración de un borrador de un informe de inteligencia con relación a Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa).
Según el documento del Ministerio Público, en ese informe aparecían las transferencias millonarias al actual presidente Santiago Peña y el exjerarca antilavado durante el gobierno de Cartes, Óscar Boidanich. La Fiscalía dice que esos datos habrían sido filtrados presuntamente por Fernández y Farías y que fue usado PRIMERO en un discurso político por el entonces presidente Abdo Benítez, quien había dicho que “Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 (dieciséis millones de guaraníes) a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio”.
En segundo lugar, de acuerdo al relato fiscal, aquello habría servido de base para publicarse en el diario Última Hora “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich” y, en tercer lugar, “a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, MAURICIO ESPÍNOLA –actual diputado–, quien habría publicado en su red social X 14 datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa” (sic).
El acta de imputación añade que esos mismos datos luego fueron utilizados para la emisión del Informe de Inteligencia enviado y que estuvo a disposición del Ministerio Público desde el 20 de mayo de 2022. La Fiscalía dice en otra parte de su imputación de ayer que tanto Boidanich como Peña fueron incluidos “a pesar de que dichas personas no revestían el carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia” (sic).
dican que existió cierta “rebeldía” de uno de los funcionarios para agregar detalles como transferencias millonarias de empresas ligadas a Cartes al imputado extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, y al actual presidente de la República, Santiago Peña.
Un punto grave es que dentro del organigrama elaborado por la Fiscalía se ubica a medios de comunicación en una aparente intención por amordazarlos. Más llamativo es que mientras esto ocurre, no hay rastros
ni antecedentes de causas abiertas por el propio Ministerio Público contra Cartes o Boidanich. Este último enfrenta precisamente un proceso por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.
El origen de todo
El acta de imputación relata que Abdo Benítez, para llevar adelante su objetivo de supuestamente “perseguir” a Cartes, habría compuesto su gabinete de ministros con
personas de experiencia en el ámbito investigativo (ex agentes fiscales del Ministerio Público). Tal es el caso de Arregui, Fernández y Giuzzio, este último que enfrenta otro proceso penal por presunto cohecho pasivo (coima).
Un punto contradictorio es que mientras el acta de imputación habla de estos “especialistas en investigación”, gran parte del relato fiscal y supuesto origen de los hechos punibles se basan en la filtración de un pedido de la Fiscalía de Panamá de antecedentes
judiciales y policiales sobre Horacio Cartes. Esta solicitud de datos se habría hecho en el marco de una aparente investigación abierta contra el titular del Partido Colorado luego de las filtraciones del Pandora Papers.
El exmandatario creó en el año 2011 la offshore Dominicana Acquisition SA en Panamá. Esta empresa de portafolio, sin embargo, no aparecía en sus DD.JJ. cuando asumió y dejó la presidencia de la República del Paraguay, entre 2013 y 2018.
En este sentido, otro punto curioso y que llamativamente cuestiona la Fiscalía en el acta de imputación es que en la elaboración de la contestación del pedido de la fiscalía panameña a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat “se habrían incorporado informaciones
no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá” (sic).
Es decir, la Seprelad –para la Fiscalía– debía “ocultar” y “seleccionar” la información que tenía referente a Horacio Cartes.