Fiscalía acusa y pide juicio para Dany Durand y otros directivos de Mocipar
El Ministerio Público acusó al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand y a otros siete exdirectivos de la firma Mocipar por supuesta estafa, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos. Según la acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle, el esquema encabezado por el exdiputado colorado causó un perjuicio de casi G. 870 millones.
La acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle contra Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar es por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
Los demás acusados por el Ministerio Público son: Fernando Román Fernández,
Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma Mocipar.
La acusación fiscal resalta que todas estas personas conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como, asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”.
La fiscala Alba Delvalle resalta que el perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen
proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, según la acusación de 182 páginas.
La Fiscalía sostiene que los hoy acusados, en nombre y representación de las firmas Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA, realizaron declaraciones falsas sobre hechos que indujeron al error de las 31 víctimas de estafa, lo que llevó a los procesados a disponer de su patrimonio y a sufrir el consecuente perjuicio económico.