Confiscación de la aeronave
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación, que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después, partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión –de fabricación estadounidense– a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el “acto vil, criminal, indignante” de “descuartizar” la aeronave en Miami, Florida. (EFE)