El escándalo de los chats no detiene la opereta montada por fiscales y abogado
El país se vio sacudido por la publicación de conversaciones (chats) vía WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, abogado del expresidente
Horacio Cartes, líder del movimiento oficialista Honor Colorado y presidente de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, soporte político del Gobierno que en los papeles encabeza Santiago Peña.
Cantero, con Giovanni Grisetti, son los agentes del Ministerio Público que imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus excolaboradores por la alegada comisión de hechos punibles articulados, según el acta de imputación, por la motivación de perjudicar a Horacio Cartes. Ahora, pese a que tras los escandalosos chats que tomaron estado público ambos fiscales fueron apartados del caso, la jueza Cynthia Lovera aceptó la imputación y, sin perder tiempo, ya solicitó al Congreso el desafuero del exmandatario. También pidió el desafuero del diputado Mauricio Espínola (ANR, FR).
Los chats no son fotos de pantalla (screenshots), sino fotografías del aparato celular de Cantero, pero el abogado Ovelar señaló que, supuestamente, todo se trata de montajes.
Desde el punto de vista de las posibilidades técnicas, se puede montar cualquier cosa con la tecnología disponible. Lo que no se puede montar es la verosimilitud de los hechos contenidos en los chats.
Basado en estos contenidos, se puede presumir que Ovelar preparó el relato de la imputación. Se evidencia también que se reunía con Cantero, lo cual fue confirmado por el propio abogado de Cartes en forma expresa. Los chats indican igualmente que Cantero tenía la “tarea” de llenar documentalmente los elementos del relato de Ovelar, lo que está confirmado por las firmas coetáneas de los “testigos”.
Uno de los chats compromete al presidente de la República, Santiago Peña, de cuya compañía alardea irresponsablemente –o responsablemente– Ovelar ante Cantero, situación abordada por el posteo en “X” del propio jefe de Estado, en defensa de la libertad de prensa.
Sobre este particular, aunque tanto Ovelar como otros referentes del cartismo intentaron desmarcarse, unas declaraciones de prensa del propio abogado de Cartes
el día anterior anunciaban que varios periodistas serían llamados a declarar sobre las “filtraciones” de las que Cantero y Grisetti acusan a Marito.
No se entiende muy bien el propósito de tal convocatoria ya que la Constitución, en su artículo 29, otorga rango constitucional a la protección de fuentes, por lo que sería improcedente que los fiscales indaguen a los periodistas sobre las mismas. Luego,
la única razón por la que podrían convocar a la gente de prensa es para amedrentarla e inducirla a revelar dichas fuentes protegidas con rango constitucional.
Sería una vergüenza más al caso de esta imputación grosera. Tan grosera que tampoco hay que descartar que Ovelar haya levantado el fantasma del amedrentamiento a los periodistas para evitar el escrutinio sobre la paupérrima narrativa suya que pretende llevar a la cárcel a Marito y a sus colaboradores para desviar la atención.
Vale reiterar, en efecto que esta imputación es una de las más escandalosas que se haya producido jamás en el Ministerio Público paraguayo, especializado en producir imputaciones escandalosas: Pretende que el funcionamiento del Gobierno de acuerdo a las leyes que lo regulan es una “asociación criminal”; pretende que el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los funcionarios constituye “denuncia falsa”; pretende anular el poder de policía que la Constitución y las leyes confieren a organismos como Seprelad o Senad y
pretende validar el totalitario principio de “obediencia debida” para validar a sus endebles testigos.
Se comprende el esfuerzo de Ovelar y de Cantero y demás involucrados por desvirtuar lo que surge de estos chats, pues los mismos confirman que el cartismo se repite a sí mismo, y desarrolla contra Marito la misma trama que la fiscala Stella Marys Cano usó contra
Mario Ferreiro. Y eso, dada la documentación, será difícilmente desvirtuado.
El cartismo y sus fiscales son un peligro para las instituciones, para la libertad, la propiedad y la seguridad de cada paraguayo, por lo que se debe hacerle frente con firmeza, dentro del marco de la ley, antes de que termine su tarea de demoler las instituciones de la República y la libertad de las personas.