Inestabilidad política podría incluso ser un retroceso en la calificación país
El ambiente de inestabilidad política y debilidad del sistema judicial que nos afecta actualmente no solo nos condena a un estancamiento en la calificación de riesgo país (estando a un paso del grado de inversión), sino que incluso podríamos retroceder, l
El profesional reflexionó sobre el caldeado clima político y el ambiente de corrupción que desnudan la fragilidad y permeabilidad de las instituciones públicas, sobre todo del sistema judicial. Estas debilidades, detalló, son identificadas por las calificadoras que miden el riesgo país y son las que nos frenan desde hace 10 años para avanzar hacia el grado de inversión.
De persistir el deterioro de la institucionalidad, estaremos probablemente estancados en el límite del grado de inversión y en el peor de los casos, incluso podríamos retroceder. Estas reflexiones las brindó al presentar un informe sobre “ventajas para Paraguay de alcanzar el grado de inversión: Desafíos en el combate a la corrupción y la impunidad”, en el marco de la iniciativa “Compromiso con la prosperidad”, liderado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental: (IDEA). Como parte de esta iniciativa, Ferreira destacó la importancia del compromiso y la colaboración entre el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Añadió que el Ejecutivo, liderado por el presidente Santiago Peña, tiene el mayor compromiso en esta lucha y debe demostrarlo con hechos concretos y lograr un pacto entre los poderes del Estado de instalar una cultura que priorice el hacer bien las cosas, y que preserve la institucionalidad.
“Si bien se ha escuchado al presidente Peña sobre grandes proyectos de inversión para el país, si no se hacen las tareas pendientes, solo quedarán en lindas intenciones” acotó.
Desde la perspectiva institucional de IDEA se subrayó la necesidad de incentivos claros y estrategias definidas para el sector privado, “lo que permitiría una participación más efectiva en el control ciudadano de la corrupción y la impunidad, fundamentales para promover una cultura de legalidad en Paraguay”, según Alejandra Mendoza y Federico Legal, gerentes de IDEA.
La clave para crecer
Durante su presentación, Amílcar Ferreira brindó un análisis histórico sobre la evolución de la economía en el tiempo, así como los mo
mentos claves que incidieron en el crecimiento, como fue en su momento la inversión para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú, en la década del 70; luego los retrocesos y crisis económica del 95. Más adelante, en el 2002, el periodo de las reformas tras un acuerdo nacional entre los poderes del Estado. Luego el repunte económico a través de la exportación que se dio con el boom de los comodities, en el 2004; más adelante el periodo de emisión de bonos, en el 2012. Según el profesional, este recurso de la emisión de bonos soberanos a estas alturas ya está agotado y el Gobierno ya no tiene margen para endeudarse y financiar las obras necesarias, por lo que es imprescindible buscar otras alternativas.
Para Ferreira, la alternativa más factible para lograr un salto en el crecimiento económico es a través de la inversión y para esto es fundamental avanzar ese peldaño que nos falta para el grado de inversión. Según su apreciación, si eso se logra, Paraguay podría duplicar su potencial de crecimiento a un 8% anual, debido a que esta mejor calificación abrirá un abanico de oportunidades para empresas que quieren invertir.
Añadió igualmente que bastaría que una de las tres calificadoras que nos evalúan decidan mejorar la nota (de BB+ o Ba1 que se encuentra actualmente) para entrar en este selecto grupo (a partir de BBB-). A criterio de estas tres evaluadoras: Moodys , Standard & Poor’s y Fitch, las condiciones macroeconómicas son óptimas, pero la debilidad institucional y la corrupción, sobre todo del sistema judicial, nos privan de poder avanzar. El trabajo de Ferreira subraya la urgencia de abordar estas cuestiones para fortalecer las instituciones y crear un entorno de mayor seguridad jurídica, fundamentales para el desarrollo económico sostenible.