La Contraloría audita selectivamente a exgobernadores del periodo anterior
La Contraloría dispuso auditorías a siete gobernaciones, entre ellas a Cordillera en la anterior gestión, a cargo del actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas, lo que luce como represalia promovida por los liberocartistas. Llamativamente, el ente omitió a cuestionadas exadministraciones, como Canindeyú y Caazapá.
La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez Aldana, iniciará auditorías en siete departamentos de Paraguay. Este control se realiza mediante la aprobación del Plan General de Auditorías (PGA). Las instituciones que serán auditadas son las gobernaciones de Central, Cordillera, Alto Paraná, Boquerón, Misiones, Guairá y Presidente Hayes.
En la gobernación de Cordillera, a cargo del colorado disidente Denis Lichi, se auditará el cumplimiento de las obras públicas durante el periodo de 2018 a 2023, el cumplimiento del almuerzo escolar y fondo concedidos por leyes de emergencia por la pandemia de 2021 a 2023 y el cumplimiento del Grupo 800 “transferencias” desde 2021 a 2023.
Con llamativa celeridad la Cámara de Senadores aprobó una resolución que insta a la CGR a auditar la gobernación de Cordillera en el periodo de Hugo Fleitas (2018-2022), actual presidente del PLRA. La solicitud fue promovida por los cuatro liberales expulsados, liderados por el cartista Dionisio Amarilla, quien operó una “venganza política”.
Fleitas fue gobernador desde 2018 hasta 2022, año en que renunció en octubre para candidatarse a presidente por el PLRA. En su gestión, la Contraloría verificará el cumplimiento de las obras públicas, almuerzo escolar y pago de transferencias como el pago de viáticos, en casi todo su periodo de mandato.
Llamativamente, la CGR omitió auditar las administraciones (2018-2023) en las gobernaciones como Canindeyú, administrada por César Ramírez (ANR-HC) y Alto Paraguay, a cargo de José Adorno (ANR-HC), entre otras.
No es garrote, dicen
En dialogo con ABC, Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, negó ayer que el ente contralor tenga ánimos de ser utilizado como “garrote político”. Confirmó que la CGR siempre prioriza los pedidos del Congreso Nacional.