Justicia secuestrada
Lo que el periodismo descubrió y denunció en los últimos días, a través del trabajo de Mabel Rehnfeldt y el equipo de ABC, comprobó lo que era una leyenda urbana y se rumoreaba en voz baja: la justicia paraguaya está secuestrada.
Los chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente Horacio Cartes, diseñando una causa, comprueban la forma en que se arman y desarman acusaciones, lo que daña gravemente aún más todo el sistema judicial. Y si analizamos quiénes son los implicados, se comprueba, además, quién maneja actualmente el sistema, el poder casi absoluto.
La estrategia de Ovelar, hablando de montaje, negando lo innegable no es solo una mala jugada, es un insulto a cualquier noción de ética y a la inteligencia. Omitir la evidente y comprobable relación entre los mensajes y las acciones del fiscal Cantero es no solo menospreciar el sentido crítico de la gente, sino también desafiar los principios de honestidad y transparencia que deben regir el sistema legal.
Y en el marco de lo jurídico, las acciones del abogado Ovelar colaboran en esa falta de integridad tantas veces cuestionadas al sistema judicial. Es por eso que se esperaba una respuesta contundente, una reacción inmediata y certera del Ministerio Público, pero vimos, con decepción, cómo el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, llamó a una sanatera conferencia de prensa en la que restó importancia al grave hecho que constituiría la instrumentación de sus fiscales. No fue capaz de asumir una postura clara para garantizar que no permitirá que la Fiscalía siga siendo un instrumento del poder político. Rolón quiso tomar por tontos a todos tratando de desviar la atención, avalando un acta de imputación y violando disposiciones establecidas por ley, siendo él el máximo representante del Ministerio Público, el que debe controlar la legalidad y las garantías para litigar.
Una vez más, un escándalo de tamaña magnitud pone en el ojo de la tormenta la imagen país, cuando a través de manifestaciones de preocupación, incluso a nivel internacional, dan cuenta que se vienen acrecentando estas señales nefastas, que ya la habían dado en el Congreso y ahora en el Ministerio Público.
En tiempos donde se ruega por más responsabilidad y ética en nuestras instituciones, este tipo de acciones no solo son lamentables, sino que también representan un paso atrás grave en la lucha por erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Atropellando reglamentos, quebrantando leyes, orquestando imputaciones, seguirán operando contra todo aquel que ose enfrentar al “modelo país” del cartismo, que se va consumando cada vez más.