Es grotesco que Paraguay, con su riqueza energética, pase penurias

“Vivir el día a día sin energía eléctrica es peor que la pandemia“, dice una pancarta puesta en el microcentro de la capital de un país que –paradójicamente– comparte dos de las mayores represas hidroeléctricas del mundo. Es que, en estos ya largos días de intenso calor, son exasperantes los frecuentes y generalizados cortes en la provisión del fluido por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE): si a la oscuridad que impide actividades diversas se suman la pérdida de productos alimenticios, la interrupción del funcionamiento de máquinas o de equipos sanitarios vitales y la baja tensión que estropea electrodomésticos, resulta comprensible que los afectados expresen su irritación, tal como lo han hecho también numerosos gremios empresariales, en un comunicado que titularon con toda razón

“Ineficiencia de la ANDE causa grave daño a todo el país”.

He aquí el meollo de una penosa cuestión de larga data, insoluble para los sucesivos gobiernos: la historia se repite, sin que se adopten medidas de fondo que la pongan fin, de una vez por todas. Es grotesco que la energía producida por las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá sea desaprovechada, porque en las últimas cuatro décadas la empresa pública responsable no ha invertido lo necesario para montar y mantener una red de distribución confiable, aunque la temperatura sea muy alta y por ende aumente el consumo. Su gerente comercial, Hugo Rolón, reveló que se pierde el 28% de la corriente eléctrica debido a “razones técnicas”, a las “granjas” de bitcoins y a las conexiones clandestinas, como las de los asentamientos. La sustracción de la energía, que causaría una pérdida anual de 40.000 millones de guaraníes, es un delito que debe ser perseguido con mucho mayor vigor, con la imprescindible cooperación de la Policía Nacional y del Ministerio Público, en tanto que las fallas técnicas son atribuibles a la insuficiencia de los gastos de inversión causada por la corruptela, el prebendarismo y

los costosos privilegios otorgados a los trabajadores de la ANDE en los contratos colectivos.

Como los jerarcas de la empresa ejercen un monopolio inconstitucional, cuya racionalidad económica suele estar subordinada a la “política”, les importan poco la calidad y el precio de sus servicios, porque no deben enfrentar la libre competencia. Al fin y al cabo, el dinero que pierden no es el suyo, así que creen poder quedar muy bien siendo generosos con el de todos, aunque ello implique afectar la prestación ininterrumpida de energía eléctrica. El art. 107 de la Constitución prohíbe “la creación de monopolios”. Dado que no se debe distinguir donde la ley no distingue, se entiende que tampoco una empresa pública puede tener dicho carácter: se impone, pues, abrir el mercado a la iniciativa privada, tal como lo propuso en 2020 un grupo de ingenieros. El Poder Ejecutivo dijo que apoyaría la iniciativa como parte de la reforma estructural del Estado, tras ponerlo a consideración de las comisiones asesoras del Congreso y de un equipo técnico de la ANDE.

Por supuesto, no se avanzó un paso. El sindicato de la misma empresa afirmó demagógicamente que “la energía eléctrica es de todos los paraguayos”, un producto “estratégico”, aunque no se pueda disponer suficientemente de ella. Por su parte, su Unión de Ingenieros, levantando el espantajo de la privatización, censuró “el oportunismo político de ciertos grupos empresariales que pretenden aprovechar la iniciativa de reforma del Estado como pretexto para liquidar los activos más rentables, el negocio eléctrico”.

Las cosas quedaron como estaban. Por ignorancia o –más probablemente– con mala fe, unos y otros confundieron la desmonopolización con la privatización, y se salieron con la suya en perjuicio de los consumidores, debido a la cobardía moral de los politicastros, siempre más atentos a la clientela vociferante que al interés público.

¿En qué quedaron las esperanzadoras promesas anteriores de la ANDE de que la empresa estaba preparada para enfrentar el verano actual? Ahora, su gerente técnico, Miguel Báez, anunció hace unos días que los apagones proseguirán porque “no llegamos a tener una red con redundancia suficiente: necesitamos inversión”. En septiembre último, el presidente Félix Sosa había dicho que la ineficiente entidad buscaría refinanciar el servicio de la deuda anual y abrirse al capital privado, a fin de llegar a invertir los nada menos que 6.500 millones de dólares que necesita el sistema eléctrico para dentro de seis años.

A este paso, los anuncios de dificultades continuarán por mucho tiempo más si la empresa estatal continúa monopolizando el sector y no se abre, como ha ocurrido con las telecomunicaciones, a la inversión privada. Mientras tanto, su mal servicio seguirá torturando a los consumidores y sus pérdidas financiadas con el dinero de todos.

Es una vergüenza que el Paraguay, siendo el mayor exportador mundial de energía eléctrica, siga padeciendo las consecuencias de la desastrosa gestión de un monopolio estatal clientelista, incompetente y politizado. El país tiene que liberarse de ese yugo que lo hunde en la oscuridad, una y otra vez; no basta con que repare los electrodomésticos dañados por culpa suya.