Ordenan llevar adelante ejecución a remate en contra de Bachi Núñez
Un juez en lo civil y comercial ordenó llevar adelante la ejecución a remate de los bienes del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez hasta cubrir la suma de G. 1.020.497.167, más intereses, costos y costas. Es consecuencia de una acción impulsada por la Cooperativa San Cristóbal contra el legislador, que ya tiene un millonario embargo.
El pedido de sentencia de remate fue requerido por el abogado Pedro Valiente Martínez, en representación de la Cooperativa San Cristóbal. El letrado señaló que la parte demandada ha sido notificada, en legal y debida forma, de la citación para oponer excepciones sin que haya opuesto excepción alguna.
Ante tal aseveración, el juez Trovato pidió informe al actuario, que precisó que la parte demandada ha sido debidamente notificada de la providencia que dispone el plazo para oponer excepciones legítimas contra la presente ejecución, de fecha 6 de julio del 2023, según
consta en cédula de notificación de fecha 14 de diciembre del 2023.
El funcionario destaca que el legislador no ha presentado excepción alguna y a la fecha, ya venció el plazo que tenía para hacerlo.
En la parte resolutiva de la SD N° 101 de ayer, el juez dispone: “Llevar adelante la presente ejecución que promueve Cooperativa San Cristóbal Ltda. contra Basilio Gustavo Núñez Giménez hasta que el acreedor se haga íntegro cobro del capital reclamado de G. 1.020.497.167, más intereses, costos y costas”.
Recordemos que ya en enero del año pasado el juzgado había decretado un embargo sobre los bienes del parlamentario. La deuda del legislador con San Cristóbal asciende a G. 1.619 millones,
según hizo constar el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) tras su intervención a la citada cooperativa.
La intervención de Incoop señala a Bachi Núñez y a otros cuatro socios de la
Cooperativa San Cristóbal como beneficiarios de créditos otorgados contra recomendaciones de analistas y vulnerando las normas establecidas.
El ente detectó en la intervención graves irregularidades
durante la administración en San Cristóbal del exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, acusado por supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo “A Ultranza”.