Protección a las periodistas
La libertad de expresión en Paraguay está viviendo horas difíciles. A las amenazas del crimen organizado se han sumado las cada vez menos sutiles intimidaciones de personas que detentan el poder político hacia periodistas. Utilizando el sistema judicial intentan acallar a periodistas, en especial a las mujeres, a quienes además las agreden en su reputación, imagen y formación.
En el reciente Seminario Internacional “Ataques a la Libertad de Expresión y al Periodismo en Paraguay y Chile”, en el marco de un Proyecto del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco, se abordó la necesidad de contar con una Ley de Protección de Periodistas en el Paraguay. Hasta hoy la discusión al respecto no ha contemplado los sistemáticos ataques a las mujeres periodistas que provienen desde sectores como el Parlamento y el Poder Judicial. Un sondeo realizado a los efectos del mencionado seminario reveló los padecimientos de las colegas periodistas. Nombres como Fiona Aquino, Rocío Pereira Da Costa, Mabel Rehnfeldt, Letizia Medina y otros resonaron como casos de preocupación en los resultados. A ellas se suma Mabel Portillo, periodista del Guairá, a quien le han cercenado su derecho a residir y trabajar en su comunidad por el solo hecho de informar de las actividades de la autoridad de turno de su zona. Todos estos casos tienen en común el abuso de la autoridad para acallarlas, intimidarlas y amedrentarlas llevando incluso la discusión hacia aristas de índole personal.
El proyecto de Ley de Protección a Periodistas, que fue presentado al Parlamento, hace casi un año debe ser revisado, pues no contempla taxativamente la protección a las mujeres periodistas. A modo de ejemplo, en el recientemente proyecto aprobado con media sanción en Chile, la protección a las periodistas está contemplado en el mismo. Las agresiones a mujeres son distintas a las de los hombres, sostienen los expertos como Mauricio Weibel. Por ello es que se necesitan medidas distintas. Si no se incluyen a todas las partes, no se puede hablar de una ley inclusiva. Solo estaríamos ante una normativa “de adorno” para cumplir con la sentencia de la CIDH por el caso de