Coordinadora objeta disposiciones del proyecto de ley del servicio civil
La Coordinadora de Gremios del Sector Público y Entes Descentralizados planteó una serie de objeciones constitucionales al proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, cuya aprobación en el Congreso está impulsando el Gobierno de Santiago Peña. Pide que no se repita lo que sucede con la ley actual 1626.
El proyecto de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil está actualmente a consideración de la Cámara de Senadores, en estudio en las diferentes comisiones, luego de recibir duras críticas de parte de los sindicatos en una audiencia pública llevada a cabo a inicios del presente mes.
La coordinadora de gremios refiere en su análisis, como antecedente, que la vigente Ley Nº 1626/2000 de la Función Pública fue sancionada con el propósito de establecer un marco legal regulador de forma general para todo el funcionariado público.
Sostiene, sin embargo, que la falta de consonancia constitucional y convencional
derivó en la casi nula aplicación de la referida ley por parte de las distintas reparticiones estatales.
Al respecto añade que, de acuerdo con los datos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se promovieron más de 1.500 acciones de inconstitucionalidad (casi todas colectivas) contra la citada ley y con resultados favorables en casi la totalidad de los casos.
La organización sindical sostiene que esta situación generó un verdadero caos normativo, porque en varias dependencias estatales donde no rige la Ley 1626 tras otorgarse las acciones de inconstitucionalidad, no tienen una normativa aplicable en
sus relaciones con sus funcionarios.
Preocupación
La coordinadora expresa que un aspecto preocupante del proyecto de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil es la inserción de un principio antagónico al artículo 1º de la Constitución Nacional. Este principio antepone la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas por el Estado para con sus funcionarios, lo que resulta una afrenta al mencionado artículo que en su última parte refiere al reconocimiento de la dignidad humana.
En ese contexto, indica
que la Constitución dispone que, ante cualquier pretensión de valores económicos, deben primar los valores humanos, como principio rector de los legisladores al momento de aprobar leyes. Es decir, dejar de lado anacrónicos paradigmas mercantiles y acogerse a la válida ponderación constitucional obligatoria de salvaguardar la dignidad del ser humano sobre cualquier otro valor, esto también resulta aplicable para todos los servidores públicos.
Ministerio de Economía
El documento hace hincapié en que a lo largo de todo el proyecto se posiciona al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como órgano
rector del cumplimiento de la ley en cuestión y asegura que este hecho afecta la independencia de los poderes del Estado.
Explica que se coloca a un órgano administrativo con facultades dispositivas, extralimitándose e inmiscuyéndose en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuestión ya señalada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en varios fallos al dictar la inconstitucionalidad de la Ley 1626/00. “Sería fundamental no repetir el mismo error”, advierte.
Los sindicatos afirman que estas objeciones no pretenden convertirse en un mero e infundado ataque contra el citado proyecto, sino que apunta a la creación de un sistema de diálogo social tal como profesa la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), “en el que todos los actores sociales no sólo participen de una audiencia pública, sino que sean partícipes activos de la elaboración del anteproyecto”.
El análisis de la referida organización, cuya coordinadora general es Porfiria Ocholasky, fue entregado a los legisladores en la última audiencia pública. Según Pedro Sánchez, sindicalista del Ministerio de Economía y que en la audiencia ofició de vocero de la coordinadora, están a la expectativa de que las objeciones sean tenidas en cuenta.