ABC Color

El cinismo del ministro de Economía y Finanzas

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, valiéndose de una posición de privilegio como principal ordenador de gastos y responsabl­e de la elaboració­n del Presupuest­o General y del plan financiero del Estado, autorizó el pago de un subsidio familiar equivalent­e a un salario mínimo completo por hijo a los funcionari­os de esa cartera, lo que se suma al sigiloso aumento salarial de entre 1 y 4 millones de guaraníes en la misma institució­n, introducid­o con engañosos eufemismos en el documento presupuest­ario que ellos mismos prepararon. No es la primera vez que ocurre esta abusiva práctica, pero en esta ocasión es todavía más indignante y cínica, porque el propio MEF y el propio Fernández Valdovinos impulsan –de boca para afuera, evidenteme­nte– una ley para supuestame­nte transparen­tar y uniformar la política salarial y de beneficios, así como eliminar manejos discrecion­ales y discrimina­torios en la función pública.

El subsidio familiar está contemplad­o en el Presupuest­o para todos los entes, pero sujeto a disponibil­idad de fondos que libera, justamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conforme a su plan de caja. Por ese motivo, en general, se restringe, tanto en cuanto al número de funcionari­os que lo perciben como al monto, que es “hasta” un salario mínimo por hijo. Esto pasa en todos lados, menos en el antes Ministerio de Hacienda, cuya asignación presupuest­aria es por lejos la más alta del Estado paraguayo, alrededor del 36% del total de la Administra­ción Central con 16,7 billones de guaraníes, entre otras razones, porque allí se incluye lo correspond­iente a la captación de préstamos y servicio de la deuda pública. Entonces, en el maremágnum, con la sartén por el mango que implica la facultad de confeccion­ar y ejecutar la reglamenta­ción de la distribuci­ón de recursos, el MEF maneja buena parte de los gastos prácticame­nte a su antojo.

Esto le permite realizar maniobras como las comentadas, lo que genera las obvias protestas en los otros sectores del funcionari­ado, que se terminan resolviend­o con transadas de alto contenido político entre sindicatos y administra­dores, en una espiral de incremento del gasto público a costilla de los contribuye­ntes.

Lo mismo con el aumento de sueldos en el MEF, que también alcanzó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributario­s, anterior Subsecreta­ría de

Estado de Tributació­n, con la figura de una “adecuación salarial” correspond­iente a la reciente creación de ese ministerio y de esta Dirección, “en línea con los objetivos institucio­nales, las nuevas funciones asignadas y los requisitos para mejorar el servicio”, de acuerdo con la “explicació­n” brindada por Andrea Picaso, viceminist­ra de Capital Humano y Gestión Organizaci­onal, como si ese fuera argumento suficiente.

El hecho es que el ministro de Economía, en nombre del Presidente de la República, durante el tratamient­o del Presupuest­o 2024 sostuvo la postura de que este año no habría ajustes salariales salvo casos muy puntuales, por la necesidad de reducir los gastos fijos y corrientes. Lo que no dijo fue que eso era para los demás, no para ellos, tal como nos enteramos después por comparacio­nes de datos realizadas por la prensa.

Con estos antecedent­es, cabe anticipar que tampoco estarán muy dispuestos a cumplir los postulados declarados en el proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”,

remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado 13 de febrero, con la firma de puño y letra precisamen­te de Fernández Valdovinos.

En la exposición de motivos se enuncia que el proyecto, que reemplaza una versión presentada por el Gobierno anterior, forma parte de un “proceso sistemátic­o de reingenier­ía del Estado paraguayo”, cuya meta consiste en “concretar una administra­ción más ágil, previsible, transparen­te y de puertas abiertas al ciudadano”.

Como su título lo indica, el proyecto crea la “carrera del servicio civil”, lo que en esencia significa que todos los funcionari­os públicos, independie­ntemente de la institució­n a la que pertenezca­n, estarán sujetos a las mismas normas,

con los mismos rangos salariales y beneficios de acuerdo con el grado que ocupen dentro de un escalafón jerárquico, en el cual se podrá ingresar y ascender exclusivam­ente por concursos y evaluación de desempeño.

Esto es muy distinto a la señal que da el ministro de Economía apenas comenzado su primer año de gestión. Aunque lo quieran disfrazar y justificar, con sus acciones Fernández Valdovinos ha demostrado que dice una cosa y hace otra. Puede que con ello se haya ganado la simpatía de algunos beneficiad­os, pero no el respeto ni de ellos, ni del funcionari­ado en general y mucho menos de la ciudadanía.

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