Siguen tanteando con desafectaciones
Tras el escándalo de presunto intento de negociado con tierras estatales en Remansito, Villa Hayes, caso conocido como el de los “Ocupantes VIP”, en el Congreso siguen intentando colar expropiaciones y desafectaciones sin cumplir siquiera con criterios técnicos básicos, y el pasado martes, en Cámara de Diputados, no fue la excepción.
En la citada sesión se trató el veto total del Ejecutivo a tres expropiaciones y desafectaciones en Alto Paraná, con la particularidad de que las diputadas cartistas de dicho departamento (entre ellas la líder de bancada Rocío Abed) vo- taron en contra del Ejecutivo, con el objetivo, aparentemente, de tratar de quedar bien con su electorado.
El primero de los casos se trataba de una propiedad de cerca de 5 hectáreas, donde se ubica el asentamiento 8 de Septiembre del barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, ocupado por unas 167 familias, que fue sancionado pese a tener zonas inundables y ni siquiera se hizo una tasación adecuada, por lo que fue vetado por el presidente Santiago Peña.
También se había sancionado una expropiación de la Finca 70, ubicada en el municipio
de Ciudad del Este Remansito, donde unas 125 familias del Asentamiento San Miguel pedían la regularización de la ocupación.
Sin embargo, el proyecto pasó por el Congreso sin siquiera tener claras las coordenadas del inmueble, ni estar a la vista el título de propiedad, a fin de cotejar con el plano georreferenciado.
Sin estos documentos básicos, ni siquiera era posible cuantificar el monto que debería desembolsar el Estado, pero estimaron que sería millonario,
y por ello, el Ejecutivo optó por el veto.
Finalmente, también se trató el veto total al pedido de expropiación de la Finca 1023, ocupada por unas
284 familias del Asentamiento María Auxiliadora
, en un predio ubicado en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este.
En este caso, el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) advirtió que parte de la extensa propiedad era inundable, y por ende, no afín a ser destinada a viviendas, sumado al hecho de que la propiedad tenía
medidas cautelares como parte de un litigio judicial, lo cual fue advertido por Registros Públicos.
Ante tan graves deficiencias, la bancada mayoritaria cartista y demás sectores aceptaron el veto, salvo las legisladoras cartistas altoparanaenses.
Tanto Abed como las diputadas también cartistas Liz Acosta y Bettina Aguilera públicamente se excusaron para votar fuera de la postura de bancada y votar en contra del rechazo, algo inusual para la verticalista bancada de Honor Colorado.