Sensación de injusticia
La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.
El hecho de que los jueces acusen a la Fiscalía de omisión (en pedir en plazo la reapertura del caso) solo agrava la sensación de injusticia. Los contribuyentes, víctimas del desfalco, se preguntan si realmente se está haciendo justicia o si existe algún tipo de influencia externa que está sesgando los veredictos judiciales.
Por otro lado, la respuesta de la Fiscalía, que argumenta una interpretación errónea de la ley por parte de los jueces, añade más confusión al caso. Los ciudadanos se sienten atrapados en medio de una disputa entre instituciones que deberían trabajar juntas para garantizar la justicia y el Estado de derecho.
En el mismo contexto (culparse entre Poder Judicial y la Fiscalía), el senador Javier Zacarías, esposo de McLeod, había sido sobreseído. Ahora todos los sobreseídos festejan la benevolencia judicial, mientras que los contribuyentes lamentan el millonario perjuicio.
Este caso de corrupción no es un incidente aislado en Alto Paraná. Hubo numerosos casos que involucran a funcionarios públicos en actividades corruptas, lo que ha erosionado la confianza de la población en sus líderes y en las instituciones gubernamentales. La impunidad en estos casos solo sirve para perpetuar un ciclo de corrupción y desconfianza en el sistema.
La falta de consecuencias para los responsables de actos corruptos envía un mensaje preocupante a la sociedad, sugiriendo que algunos están por encima de la ley y
que la justicia no es igual para todos.
Es crucial que las autoridades judiciales y fiscales aborden estos problemas de manera transparente y efectiva. Se necesita una investigación exhaustiva y objetiva para esclarecer cualquier sospecha de corrupción y garantizar que se haga justicia, independientemente del estatus o la influencia política de los involucrados. Además, se debe trabajar en fortalecer las instituciones y los mecanismos de control para prevenir la corrupción en el futuro.
Los ciudadanos merecen vivir en una sociedad donde la ley se aplique de manera justa y equitativa, y donde la corrupción no quede impune. Es responsabilidad de todos los actores involucrados trabajar juntos para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que se haga justicia para todos.