Transportistas dicen perder desde hace décadas, pero se aferran al servicio
En declaraciones a la prensa, el gerente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, uno de los grandes protagonistas de las habituales “reguladas” en perjuicio de los usuarios, se quejó amargamente del Estado: dado que pagaría con un retraso de 60 a 90 días los subsidios financiados por contribuyentes de todo el país, sus colegas –por así llamarlos– no podrían abonar a tiempo las reparaciones que necesitan los buses, razón por la que unos 200 de los 1.700 estarían siempre fuera de servicio. En otras palabras, el drama del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción sería atribuible con exclusividad a los sucesivos Gobiernos, ya que así no habría garantías para la inversión, y los coeficientes para fijar los costos no son actualizados desde hace un año.
A la interrogante de por qué los “empresarios” no abandonan el pésimo servicio si es que realmente pierden plata con este negocio, el susodicho contestó que nadie quiere comprarlo, o sea, que estos “patriotas” conciudadanos siguen “sacrificándose” por el bien público, a costa de sus propios bolsillos. Habría que ser muy ingenuo para creerles. Es curioso que para ellos sea tan mal negocio porque los costos estarían desactualizados, pues el líder del Cetrapam está ligado a la Empresa Paraguaya de Servicios SAE (Epas), la operadora de billetaje electrónico que, cobrando una comisión del 6%, entrega al Viceministerio de Transporte la mayor parte de la información indispensable para fijar el monto del pasaje y, por tanto, el del subsidio.
Es evidente que César Ruiz Díaz jamás oyó hablar de lo que se llama conflicto de intereses y que toma a la ciudadanía por idiota. Desde enero hasta noviembre de 2023, el Estado pagó en concepto de subsidio 357 guaraníes de más por cada boleto vendido; el exceso, que sería compensado recién el próximo diciembre, supone un cobro presuntamente indebido del que los beneficiarios ya habrán sacado provecho y
no precisamente para mejorar el servicio en cuanto a la calidad de los vehículos y a las frecuencias de sus recorridos.
El 13 de marzo, el Cetrapam y la Única (sic) Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción, descontentos con la tarifa técnica fijada por el Gobierno y con su negativa a aumentar el precio del pasaje, advirtieron que la falta de reajuste conllevará un “mayor deterioro” del sistema, lo que bien puede interpretarse como que habrá más “reguladas” si no se les satisfacen sus demandas. Desde ya, el vocero del último gremio citado, Andrés Mallada, admitió que se incumple el deber de que los buses de cada línea lleguen a las paradas con intervalos de diez minutos, aunque supuestamente no se incurra en la práctica aberrante de presionar al órgano competente, sometiendo a los pasajeros a largas esperas para que luego viajen apiñados.
Ya estamos acostumbrados a esta ida y vuelta de justificaciones del mal servicio, mientras los usuarios del transporte público siguen pasando penurias. Ahora, al menos, los transportistas reconocieron que no están prestando el servicio que merece la gente, por no decir que admitieron que están haciendo “reguladas”, atribuyendo al mal estado de los buses supuestamente por la falta de cobro de los subsidios a tiempo. Pero el argumento de que pierden con el servicio que prestan es un cuento de nunca acabar, que viene de muchos años atrás. Los transportistas deben ser así o muy patriotas o muy mentirosos, porque es difícil creer que en otros gremios haya empresarios que pierden dinero por décadas pero que insisten en seguir prestando servicios “por amor al arte”, como se dice.
El viceministro dijo que las empresas que violan las normas de la concesión son multadas o no cobran el subsidio, como habría sido el caso de cuatro de ellas. Sí: cuatro de las 33 empresas que reciben el subsidio, que equivalen al 80% de las permisionarias, como si las demás operaran puntualmente y con vehículos en buen estado. A todas luces, estas sanciones pecuniarias, si son efectivamente aplicadas, no surten el menor efecto, tanto que los “empresarios” se permiten amenazar con más ilicitudes en cuanto a la frecuencia del servicio, sin atender en absoluto las necesidades de los usuarios.
Está visto que el sistema no funciona, por culpa compartida de las autoridades responsables y de los prestadores del servicio, coaligados contra el interés general. La corrupción, la negligencia y la voracidad hacen que el sistema sea inviable. Al cabo de una penosa experiencia de trece años, resulta imperioso revisarlo a fondo en defensa de los sufridos usuarios y del dinero público malgastado en subsidios al sector. En verdad, es tiempo de darles las gracias y abrir la posibilidad para otros transportistas que quieran prestar el servicio, con reglas claras y sin chantajes. Y con autoridades dispuestas a aplicar las leyes vigentes.