Sala Penal de la Corte debe resolver si valida restitución de fueros a senadores
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala Penal, tendrá que decidir si la restitución de los fueros al senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola es válida e impide la prosecución del proceso o si no influye en la cau
Una vez que la Cámara de Senadores comunique al juez penal de Garantías Yoan Paul López la restitución de los fueros al senador Filizzola, el magistrado remitirá el caso a la Sala Penal de la máxima instancia judicial, donde está pendiente de resolución el recurso de casación que planteó la defensa contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, que en julio del año 2022 anuló la extinción del “caso comisarías”.
Los ministros Víctor Ríos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal (se inhibió Luis Benítez Riera), tendrán que resolver si la decisión del Senado, de restituir los fueros a Filizzola, es un impedimento para continuar el presente proceso penal o si el “des-desafuero” no es válido, ya que el legislador por el PDP está sometido a la causa desde octubre de 2023, cuando la Cámara Alta hizo lugar al retiro de su inmunidad, por pedido fiscal.
Esta resolución por parte del máximo tribunal se dará al momento de decidir si
admite para su análisis el recurso extraordinario de casación planteado por el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Filizzola.
De imprimirle celeridad al caso, la decisión de la Sala Penal en cuanto a la validez o no de la restitución de fueros a un parlamentario que ya
perdió dicha inmunidad, será la primera postura que asuma la Corte respecto a la resolución del Senado
El fiscal general Emiliano Rolón dijo que en todos los casos están analizando las posibilidades que se podrían dar, una de ellas incluso, podría ser una excepción de
inconstitucionalidad, lo que también obligaría a la Corte a pronunciarse, pero a través de la Sala Constitucional.
El “caso comisarías”
El 13 de julio de 2022 el Tribunal de Apelación Penal integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana
Benítez y Gustavo Ocampos dejó sin efecto la resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien el 4 de febrero del año pasado declaró operada la prescripción de la causa abierta por supuesta lesión de confianza y archivó el proceso con relación al exministro del Interior Rafael Filizzola y otros procesados en la causa conocida como “caso comisarías”.
El tribunal de alzada hizo el cómputo de plazos y llegó a la conclusión de que tras el descuento del periodo de suspensión (5 años, 5 meses, 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el exministro Rafael Filizzola, se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).
Este caso tiene que ver con la contratación de la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, también imputado en la causa, que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país.
La empresa en cuestión recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no completó los obras a cabalidad, según el Ministerio Público.