Nueva imputación contra intendente Prieto en CDE
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue nuevamente imputado por un grupo de fiscales de Asunción por presuntamente causar un millonario perjuicio económico a las arcas municipales, mediante compras fraudulentas. Igualmente, procesaron a otras
CIUDAD DEL ESTE (de nuestra redacción regional). La imputación contra el intendente Miguel Prieto y otras 12 personas, a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Alma Zayas y María Verónica Valdez, se basa en una investigación en la que resalta que mediante contrataciones de empresas de forma fraudulenta causaron enorme perjuicio a las arcas municipales.
Los delitos atribuidos al jefe comunal son lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en calidad de autor, mientras que Francisco Arrúa está procesado por los mismos hechos como coautor.
Por otra parte, fueron imputados como cómplices por los mismos supuestos ilícitos mencionados Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Paez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Ávalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo. El proceso que soportan es por lesión de confianza.
Según la imputación, en
junio del 2020 el intendente Prieto y sus presuntos cómplices habrían ocasionado un perjuicio a las arcas municipales de G. 306.188.500. Esto al realizar pago por mercaderías inexistentes.
“Miguel Prieto Vallejos habría encabezado un esquema creado para el desvío de los recursos municipales a partir del perjuicio patrimonial a la institución, con la promoción de licitaciones públicas cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, dirigido a la obtención de beneficios económicos indebidos”, expresa
la imputación.
La cuestionada contratación
La contratación que desencadenó en la imputación contra Prieto y otras 12 personas se realizó por la vía de excepción, entre los meses de marzo y junio del 2020.
Fue para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, en las que habían sido beneficiadas las empresas “Tajy Servicios Generales”, de Buena Ventura Morínigo; y “Vaemi SA”, de Emili Vanessa Florentín Páez.
Los agentes fiscales solicitaron que como medidas
cautelares se le fije fianza personal o caución real a los procesados, por la suma que el Juzgado estime conveniente.
Además pidieron otras medidas, como la inhibición general de vender y de gravar bienes, así como trabar el embargo preventivo de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero y/o cooperativas a nombre de los imputados.
El intendente Prieto anunció que la próxima semana se presentará ante la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, con el objetivo de solicitar la desestimación de la denuncia en su contra.