Atropellos que cuestan caro
¿Cómo un país en el que no existe seguridad jurídica, ya que por simple mayoría se puede atropellar la Constitución Nacional, revertir decisiones políticas y legislativas, exhibir la incoherencia de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, puede dar garantías a sus ciudadanos, ser un atractivo para el capital extranjero y generar estabilidad económica?
El jueves, con la decisión del Senado, que aprobó dos propuestas sin respetar el propio proceso legislativo, desoyendo a sus propios colegas disidentes, anulando el debate, pasando por alto la única oportunidad de escuchar al pueblo, que hoy se manifiesta ante esa indiferencia con tomas de instituciones educativas, sepultó cualquier esperanza de republicanismo o democracia.
La aprobación del proyecto de Ley Hambre Cero enervó más la indignación de los estudiantes que serán los principales afectados, ya que los recursos para solventar la alimentación escolar y el arancel cero quedan en simples promesas de palabra, palabra que el mismo Gobierno demuestra que no respeta, al deshacer los reglamentos que ellos mismos crean.
La devolución de los fueros a los senadores imputados deja un nefasto precedente de cómo se puede torcer la institucionalidad a voluntad de un sector político con mayoría coyuntural, violando la Constitución Nacional, inventando un procedimiento que no existe, obstruyendo la persecución penal y evidenciando la incoherencia de un grupo que al haber aprobado antes los desafueros, afirma que hay presupuestos para que sus pares sean investigados, revierten su decisión ante un posible escenario adverso.
Tan alevosa y funesta fue la jugada del cartismo que incluso rechazaron un simple informe enviado por la jueza Mesalina Fernández, de la querella presentada por Basilio Núñez contra Celeste Amarilla, en el cual la magistrada ni siquiera solicitó el desafuero de la parlamentaria.
Ambas decisiones sientan un precedente en el que la seguridad jurídica se
extingue, desamparando a los ciudadanos a los arbitrios de sectores fácticos de poder, genera dudas y miedo al “capital cobarde” de cualquier inversión de empresas extranjeras, por el que el Gobierno de Santiago Peña implementa una intensa campaña para tratar de conseguirlo, queriendo vender el país como un atractivo, situación que sus propios legisladores revierten al tomar estas determinaciones y que luego el mismo Peña defiende.
Un Estado no se somete al capricho y arbitrio de una persona, o sector político y económico, que impone una mayoría coyuntural para hacer y deshacer leyes a su antojo, ya que deja de garantizar los derechos ciudadanos, la institucionalidad de la República y la seriedad del Estado de Derecho.