ABC Color

En audiencia intentarán pulir plan de reglar plataforma­s de transporte

Para mañana está convocada en Diputados una segunda audiencia pública sobre el proyecto de ley “que regula el trabajo en empresas de plataforma­s digitales de movilidad y reparto a domicilio”. El principal escollo es la clase de vínculo laboral según lo qu

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Mañana a las 9:30, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, se desarrolla­rá la segunda audiencia pública respecto al proyecto de ley que busca reglamenta­r la prestación de servicios de plataforma­s de transporte (tales como las empresas Uber, Muv, Bolt y otras), así como el reparto de productos a domicilio, mejor conocido como deliverys.

Uno de los proyectist­as, diputado Pedro Gómez (PLRA, PL), indicó que el principal punto de discusión sigue siendo la clase de vínculo laboral que se plantea de acuerdo a cada sector, algo que justamente tomaron en cuenta con base en la primera audiencia pública que se realizó ya a finales del año pasado.

La cuestión es que conductore­s que transporta­n personas no quieren un vínculo laboral formal con una sola empresa, ya que así como les darán derechos, también se les impondrían obligacion­es, y en ese caso particular la mayoría opera en distintas plataforma­s de acuerdo a la convenienc­ia, y muchos de ellos tampoco se dedican a la actividad a tiempo completo.

El caso de los repartidor­es de productos es totalmente contrario, ya que por la cantidad de riesgos (sobre todo accidentes y asaltos) sí exigen un vínculo formal, a fin de no ser solo ellos (los trabajador­es) los que asuman todos los riesgos laborales.

“Vamos a presentar el sistema híbrido: la no dependenci­a directa de los trabajador­es, en la mayoría de los casos porque hay que saber diferencia­r, y también estamos esperando la posición del Ministerio de Trabajo”, comentó Gómez sobre cuestiones pendientes a ser analizadas en la audiencia.

Otro de los temas espinosos que enfrenta a plataforma­s locales y extranjera­s es la cuestión impositiva, ya que las firmas paraguayas alegan tener un mayor costo operativo al pagar más impuestos que las que no están asentadas físicament­e en el país.

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