Venganza cartista, el motivo tras desvergonzada violación del Estado de Derecho en Paraguay
El artículo 248 de la Constitución establece que “En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios (…) Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley”.
Los miembros de otros poderes no podrán paralizar los procesos existentes ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Difícilmente pueda decirse algo con mayor claridad y contundencia sin dejar espacio para ninguna interpretación interesada.
Sin embargo, una mayoría suficiente en la Cámara de Senadores paralizó los procesos existentes que protagonizan senadores como Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola mediante el insólito argumento, que tal vez no tenga precedentes a nivel mundial, de “restituir” a dichos legisladores los fueros de los que habían sido despojados en virtud del artículo 191 de la Constitución. Esa mayoría intervino abiertamente en los respectivos juicios. El del senador Galeano, por tomar un caso, era en el marco del Operativo A Ultranza PY por supuesto lavado de dinero y asociación criminal y debe definirse recién el 24 de mayo próximo.
El artículo 191 de la Constitución establece que “Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”. La Cámara recibió la comunicación del tribunal en el juicio al senador Erico Galeano, estudió si tenía mérito una investigación fiscal que descubrió que un inmueble suyo fue presumiblemente usado para simular una compraventa, cuyo dinero provino supuestamente del crimen organizado; que una aeronave suya habría sido usada al menos cinco veces para el traslado presuntamente de cocaína y que Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, también imputados en la causa usaban el avión; que usó unos diecisiete préstamos de la Cooperativa Capiatá presumiblemente para lavar dinero y, como consecuencia de ello, en julio del año pasado lo dejaron sin fueros. La Cámara entendió que las investigaciones realizadas en el operativo
A Ultranza eran serias y concedió el permiso para continuar el proceso, que sí tenían mérito.
El artículo 191 de la Constitución no habla de posibilidad alguna de “restituir” fueros retirados, justamente por su armónica concordancia con su artículo 248 y por tanto ninguna mayoría de la Cámara de Senadores puede suspender un juicio mediante ese insólito, burdo y grosero expediente. No hay autorización constitucional alguna para hacerlo. Sin embargo, la mayoría mencionada al principio dejó sin efecto las resoluciones 48, 433 y 313, dictadas por el Senado con una excusa que, a más de ser groseramente burda, es autoritaria.
El presidente Santiago Peña se hizo cómplice de todo este atropello a la Constitución Nacional y a la independencia de poderes al justificarlo, pero lo hizo de una forma inauditamente “creativa”: El Ministerio Público, sostuvo muy suelto de cuerpo, no avanzó en sus investigaciones y por tanto una mayoría del Senado puede intervenir en el juicio, puede violar la Constitución. Aberrante posición de un ciudadano que juró, el pasado 15 de agosto, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Pero el que expuso el más brutal sincericidio fue el senador Derlis Maidana (miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados - JEM), quien confesó que el trato que se le dio al expresidente Mario Abdo Benítez en el momento de analizarse su desafuero fue el motivo de esta acción monstruosa e inconstitucional, atentatoria del equilibrio de poderes: “la argumentación política y jurídica es que todos los paraguayos somos iguales ante la ley y el Estado trabajará para remover los obstáculos que impiden la igualdad entre todos los paraguayos… la decisión se realizó bajo la premisa de ‘o todos o nadie’”. El viernes último, el próximo presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, tampoco se sonrojó al admitir que el atropello a las leyes vigentes fue en venganza: “Seis meses, a un año, tiene que terminar ese proceso. Es una
respuesta al blindaje que un sector del Frente Democrático le dio a un expresidente, impidiendo que la justicia actúe, entonces, la Constitución aclara que todos somos iguales. Así como están diciendo algunos colegas, vamos a desaforarles a todos, o si no, vamos a blindarles a todos”.
Sin sonrojarse siquiera, los senadores Maidana (JEM) y Núñez han confirmado e hicieron público que resolvieron violar el artículo 248 de la Constitución, y en realidad también el 191, motivados por el deseo de venganza, de revancha, como si esos deseos pudieran justificar la destrucción del Estado de Derecho.