Piden retiro de proyecto ley del servicio civil
El Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh), pidió al Gobierno de Santiago Peña que retire del Congreso el proyecto de ley del servicio civil e inicie un debate para consensuar una nueva normativa que beneficie a todos los sectores.
El Sifupromh, uno de los sindicatos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió ayer un comunicado para reiterar su postura con respecto al proyecto de ley del servicio civil que está a consideración del Congreso.
El comunicado indica que el secretario general, Pedro
Sánchez, en ocasión de la audiencia pública fue portavoz de la Coordinadora de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados y en dicha audiencia, “hemos denunciado e identificado públicamente por lo menos 10 artículos en el proyecto de ley presentado por el Gobierno, los cuales son inconstitucionales, pues atentan contra los intereses y derechos de todos los compañeros”, enfatizó.
Sostiene que la revisión y el estudio del referido proyecto de ley la realizaron abogados laboralistas y constitucionalistas y que todos los cuestionamientos se ajustan a derecho.
Añade que en esa ocasión entregaron los mencionados cuestionamientos del proyecto a los 45 senadores y al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
“Pedimos al Gobierno que retire el proyecto de ley presentado, que modifique los artículos que son inconstitucionales y violan los derechos adquiridos, y que se abra un amplio debate para sacar un proyecto consensuado que beneficie a todos los sectores”, señala el comunicado del Sifupromh.
Sobre la Coordinadora de Gremios del Sector Público a la que hace referencia el comunicado, la misma había planteado una serie de objeciones constitucionales al referido proyecto de ley.
Entre otros puntos, señala que un aspecto preocupante es la inserción de un principio antagónico al artículo 1° de la Constitución Nacional; este principio antepone la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas por el Estado para con sus funcionarios, lo que resulta una afrenta al mencionado artículo que en su última parte refiere al reconocimiento de la dignidad humana.