Castigo a los responsables del “negociado del siglo”
Es plausible que el mismo día del vencimiento del plazo procesal respectivo, la agente fiscal María Estefanía González haya acusado por el delito de lesión de confianza al
exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo y al exgerente del proyecto fallido del metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz. Si Humberto Otazú, el juez de Garantías especializado en delitos económicos, admitiera la acusación, se llamaría a una audiencia preliminar para decidir si se abrirá o no un juicio oral y público. Se trata de un paso importante para evitar que el mero transcurso del tiempo otorgue la impunidad a los presuntos responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas, denunciados penalmente por el Ing. Hermann Pankow, en mayo de 2018: tuvieron que pasar cuatro años para que, finalmente, el Ministerio Público cumpla con su deber.
Ya en julio de 2015, este diario había editorializado que “está en marcha el negociado del siglo” y así ocurrió, lamentablemente. Este elefante blanco, que murió por el camino tras haber sido concebido bajo los gobiernos de Fernando Lugo y de Federico Franco, y haberse convertido en el proyecto estrella de la administración de Horacio Cartes, enriqueció a algunos capitostes pero causó ingentes perjuicios, tanto al erario como a los usuarios del transporte público y a centenares de comerciantes frentistas, 250 de los cuales quebraron. Fueron víctimas de los trabajos inconclusos de la firma portuguesa Mota-Engil, contratada en marzo de 2016 por el ministro Jiménez Gaona, a un costo de 300.417 millones de guaraníes, suma que se elevó a G. 403.900 millones, mediante una adenda.
Se atropelló con el metrobús pese a que desde un principio se llamó la atención sobre las gravísimas deficiencias del proyecto ejecutado con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el hecho de que el malhadado medio de transporte iba a operar con gasoíl en un país con abundante energía hidroeléctrica. Pese a todo, el entonces ministro Jiménez Gaona firmó el contrato respectivo en marzo de 2016, y las obras se iniciaron en enero de 2017 sin haberse liberado las franjas de dominio. Por esta razón el Estado paraguayo fue condenado por un laudo arbitral de diciembre de 2023 al pago de casi US$ 17 millones, tras la rescisión del contrato efectuada en febrero de 2020 por el anterior Gobierno. El mismísimo y principal acusado admitió en septiembre de 2019 que no debió haber dispuesto el inicio de las obras sin haberse cumplido el requisito mencionado; la confesión llegó tarde porque los platos rotos correrán por cuenta de los contribuyentes.
La prolongada investigación fiscal se apoyó en 17 de las 77 observaciones formuladas en 2022 por la Contraloría General de la República (CGR), en un informe que cuantificó el daño causado al fisco en US$ 29 millones y señaló varias fechorías, como sobrecostos y pagos por trabajos no realizados. Si los acusados fueran hallados culpables, tendrían que cargar no solo con la responsabilidad penal, sino también con la civil, esto es, deberían reparar íntegramente el daño causado, algo que quizá pueda escapar a sus posibilidades aunque se tenga la sospecha de que pudieron haberse enriquecido con el engendro. Por de pronto, interesa que el delito de lesión de confianza perpetrado a costa del fisco y de numerosos frentistas no quede impune.
Es de lamentar, desde luego, que las primeras advertencias hayan caído en saco roto. Esta disparatada iniciativa, que nunca debió haber sido llevada a cabo, fue abortada recién al cuarto año de la firma del contrato, medida que fue calificada de “revanchismo político” por Santiago Peña, presidente formal de la República, con lo cual apoyó implícitamente la majadería en cuestión: el documento, que nunca debió haber sido firmado, tuvo que haber sido rescindido ya mucho antes. Se perdieron fondos públicos multimillonarios, se privó de su fuente de ingresos a numerosos comerciantes, se entorpeció el tráfico vehicular y hasta se perdió un laudo arbitral por culpa, sobre todo, de la ambición y de la terquedad del Gobierno cartista. Las víctimas de este despropósito, entre ellas el Estado, tienen que ser resarcidas, al menos con una justa condena: los responsables tienen que ser sancionados de acuerdo al Código Penal, a tenor de las conclusiones del Ministerio Público y de la CGR.
El grotesco emprendimiento no debe quedar sin el condigno castigo, en homenaje a la conciencia jurídica y moral de la ciudadanía. Es intolerable que durante años se haya causado tantos perjuicios con la participación, incluso, de un organismo internacional. La ciudadanía espera que quienes se empeñaron en seguir adelante con un proyecto que desde un principio ya olía muy mal deben cargar con las consecuencias legales de sus acciones y omisiones punibles. En tal caso, sería deseable que Santiago Peña no hable de “revanchismo judicial”, para no volver a incurrir en un disparate de grandes proporciones.