Deficiente sistema de desagüe pluvial
INICIARON OBRAS SIN LIBERAR FRANJA DE DOMINIO Y SIN DISEÑO FINAL
manera previa y durante la ejecución del proyecto metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma contratista en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3”.
En este sentido, resaltó que el ex alto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13, que aprobó los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos para la financiación de la obra.
Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo, así como tampoco con la autorización de la comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista, resalta el documento.
Sin liberar franja de dominio y sin diseño final
Otro de los hechos que le imputan a Jiménez Gaona es que, en su calidad de ministro del MOPC, toleró y permitió el inicio de la construcción en el tramo 3 sin haber liberado la franja de dominio, a pesar de ser una condición contractual para iniciar los trabajos.
Además, resaltó que durante el periodo 2016 al 2018, la administración del exministro inició la construcción de la obra en los tramos 2 y 3, dentro de los municipios de San Lorenzo y Fernando de la Mora, sin
contar con el diseño final de ingeniería, que debía ser presentado por la empresa contratista Mota Engil.
En este sentido, la Fiscalía enfatiza que el MOPC no tuvo un documento válido para construir la obra, por lo que incumplió lo dispuesto en el contrato y en los documentos de licitación. Además, Jiménez Gaona no aplicó multa o penalización por atraso en la presentación del diseño ejecutivo o diseño final de ingeniería, por valor de G. 5.615 millones, causando un menoscabo patrimonial al Estado.
Consecuentemente, el MOPC desembolsó un total de G. 180.030 millones por el pago de 29 certificaciones, por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y que no sirven para la finalidad del “Programa Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno” (metrobús), es decir, la obras pagadas no son útiles para la ciudadanía y en la actualidad se encuentran demolidas.
Coautores
Los otros dos exfuncionarios acusados fueron señalados como coautores pero, además, a la exviceministra de finanzas Marta Benítez se le responsabiliza de un hecho puntual: Benítez, en carácter de ministra sustituta, firmó el convenio modificatorio Nº 4 del contrato con Mota Engil, por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483 millones, implicando una variación del precio de la obra en un 34%. Esto produjo un menoscabo patrimonial al Estado por el monto citado.
La fiscalía también acusó a la administración del exministro Ramón Jiménez Gaona de que tampoco se contó con un estudio hidrológico e hidráulico aprobado, con la validación de la fiscalización, hecho que también transgredió lo establecido en el contrato y los documentos de licitación del fallido metrobús.
En este sentido, resaltó que sin haber sido realizados esos estudios, la administración “aprobó sin la validación de la empresa fiscalizadora la construcción de un desagüe pluvial inadecuado”. “La administración de la cartera estatal, pagó por la construcción de la adecuación del desagüe pluvial dentro del proyecto metrobús, a pesar de que no se tuvo un estudio hidrológico aprobado con la validación de la empresa fiscalizadora”, resaltó el Ministerio Público
Además, acotó que el diseño de los desagües pluviales del proyecto metrobús, que fueron elaborados y ejecutados por el contratista Mota Engil y aceptados por el MOPC, estuvieron basados en un “periodo de retorno” de solo 10 años; en cambio, el manual de carreteras establecía que para este tipo de desagües se requieren un “periodo de retorno” de entre 25 y 50 años.
Según la fiscalía, “la construcción de un deficiente sistema de desagüe pluvial ocasionó una afectación patrimonial al Estado paraguayo por la suma de G. 17.422 millones, que “es producto de irregularidades en la gestión, y de la falta de control en el desarrollo y ejecución del proyecto”.
Esta falta de un desagüe adecuado sigue siendo un dolor de cabeza para los frentistas, ya que las zonas que fueron intervenidas por Mota Engil se inundan con cada lluvia. El viernes último, tras las últimas lluvias, los comerciantes reportaron que nuevamente sus negocios se llenaron de agua y que la avenida “parecía un río”.