El problema de la ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realiza con frecuencia intervenciones por conexión clandestina, específicamente para uso en criptominería, en Alto Paraná. Las granjas mineras con sistema eléctrico ilegal están diseminadas por prácticamente todos los municipios, en su mayoría en zonas alejadas donde sea difícil su detección.
Uno de los procedimientos más recientes se realizó en Santa Rita, donde se hallaron casi 700 máquinas procesadoras de criptominería, pero la ejecución se constituyó en toda una odisea, por la larga espera de la ANDE para proceder con la verificación, a causa de un factor llamado Ministerio Público.
Por tratarse de propiedades privadas, indefectiblemente la ANDE está obligada a contar con una orden de allanamiento a ser ejecutada por un representante de la Fiscalía para ingresar a su interior y así realizar las verificaciones correspondientes. Una vez adentro, comúnmente, se encuentran con todo un sistema eléctrico de alta capacidad montado con potentes transformadores para abastecer las máquinas procesadoras de criptomonedas.
Cada hallazgo debería representar el fin de pérdidas millonarias, sin embargo hay casos en que el Ministerio Público no actúa como se espera, ya que no procede a incautar los aparatos minadores.
Esto se traduce en que el robo de energía se traslade de lugar, para continuar con el mismo esquema que engrosa los miles de millones de guaraníes que la ANDE deja de recaudar, considerando que el negocio tiene como principal “materia prima” la energía eléctrica, pero obtenida de forma clandestina.
Es entonces que se ponen en tela de juicio las actuaciones de la Unidad Especializada de Sustracción de Energía Eléctrica de la Fiscalía del Alto Paraná, del por qué no
se incautan las máquinas utilizadas para delinquir, ya que de no hacerlo el Ministerio Público contribuye a la continuación de estas prácticas ilegales que afectan negativamente, tanto a la ANDE como a la sociedad en general.
Se sabe que la Fiscalía regional está sumida en una serie de cuestionamientos –desde siempre– y que pese al cambio de su titular no ha podido sacarse de encima todo el estigma corrupto y la podredumbre que le caracteriza; sumados a su ineficiencia, cuyos ejemplos son incontables.
La Fiscalía debe trabajar duramente en cimentar su credibilidad perdida para desterrar esa imagen negativa ante la sociedad pero, con actuaciones suspicaces como estas, es prácticamente imposible pensar que esta institución algún día pueda ser reconocida por su integridad, imparcialidad y confianza. Insisto, parece imposible.