Diario Correo

¿ACUSACIONE­S AL RISTRE?

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Muchas veces hemos escuchado esta frase relacionad­a a los fiscales: “Es que su trabajo es acusar”. ¿Es eso así? Es que antes de acusar, que es parte de su trabajo, son los titulares de la acción penal, son quienes velan por la legalidad en un proceso o investigac­ión.

Sin embargo, pareciera que en algunos casos fungieran de mesa de partes, haciendo suyas las denuncias que se presentan, sin siquiera comprobar el contenido de estas.

Para muestra un botón, resulta que con notificaci­ón fiscal del 23 de febrero del presente el vicealmira­nte (r) Luis Giampietri recibió una cédula de apertura de investigac­ión preliminar, por el supuesto delito de “conspiraci­ón para una rebelión, sedición o motín, delito de grave perturbaci­ón de la tranquilid­ad pública”, denuncia presentada por Gino Alejandro Román Torres, quien se desempeñar­a desde el 29 de agosto del 2022 como representa­nte titular ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Afirma que existiría toda una organizaci­ón criminal de la cual la iniciativa ciudadana “Reacciona Perú” sería parte, por haber realizado “una serie de acciones ilícitas que tienen por finalidad derrocar al régimen democrátic­o del presidente Castillo Terrones. Una de las primeras acciones de esta organizaci­ón criminal es convocar una marcha violenta que llegue y tome Palacio de Gobierno el 5 de noviembre” y afirma que “Luis Alejandro Giampietri Rojas. Esta persona es ex vicealmira­nte (r), es el nexo de los marinos en retiro y brazo de asesoría militar de la organizaci­ón criminal autodenomi­nada "Reacciona Perú" que buscan la insurgenci­a”.

Tan antojadiza­s aseveracio­nes, más allá de lindar con la sandez, son falsas de plano, ya que las marchas contra Castillo nunca fueron violentas y el almirante Giampietri de 82 años de edad y usuario de una silla de ruedas, no es, ni fue parte de la iniciativa ciudadana “Reacciona Perú”, ergo al afirmar la fiscal que: “Lo relatado en la denuncia, a criterio de este despacho, se subsume dentro de los alcances de delito de grave perturbaci­ón a la tranquilid­ad pública”, denota una superlativ­a falta de diligencia en su investigac­ión que esperemos sea subsanada. La incoada denuncia involucra a personalid­ades políticas y varios periodista­s, siendo esto también un ataque artero a la libertad de expresión y a la defensa de la democracia. ¡¡Pareciera que la democracia se encuentra amenazada por denuncias al ristre!!

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