El Congreso tampoco hace nada
préstamo “gota a gota”. Entre sus pertenencias, los agentes encontraron una granada de guerra, cuadernos con datos de las personas a las que le realizaban los préstamos, droga, tarjetas de presentación, celulares y dos motocicletas.
Sin embargo, el fiscal Cristian Mendoza dispuso la liberación de los tres detenidos. Un caso que también causó conmoción el año pasado fue la liberación de 28 extranjeros que fueron intervenidos en el denominado Búnker de Pachacámac, un lujoso inmueble en el que se encontraron armas de fuego, una granada, marihuana, cocaína y drogada sintética conocida como tusi.
Del grupo de 28 detenidos en noviembre de 2023, 21 fueron liberados a las pocas horas. Los siete restantes el 6 de diciembre. De ese grupo, la jueza Leny Zapata ordenó comparecencia con restricciones bajo reglas de conducta para seis y para uno de ellos comparecencia simple.
Al respecto, el PJ emitió un pronunciamiento en el que indicó que el requerimiento de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía solo consideró a siete detenidos. Sin embargo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Angulo, solicitó a la ANC del PJ que intervenga y evalúe los actuados de la magistrada. A este se le suma el caso de “Los Elegantes de Áncash”, banda dedicada al tráfico de
licencias de conducir, cuyos 27 integrantes fueron liberados luego de que el juez Miguel Dueñas declarara improcedente el pedido de 36 meses de prisión preventiva. Durante la detención, la fiscal Ditccy Espinoza informó que disponían de 250 audios de comunicaciones telefónicas, 53 celulares y computadoras. Al respecto, ayer la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huaraz anuló la resolución y ordenó que el tribunal superior resuelva nuevamente el pedido fiscal de 36 meses. No son menos importantes los casos de Freddy Daniel Toro Acosta, presunto sicario del Tren de Aragua que fue liberado el año pasado. Toro Acosta cumplía prisión preventiva por un asesinato. Sin embargo, la jueza María del Carmen Lauya afirmó que declaró procedente un
En setiembre de 2023, el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú) presentó un proyecto que plantea que la Policía Nacional del Perú (PNP) conduzca desde el inicio, la investigación del delito, facultad que tenía la Policía hace más de 60 años. Sin embargo, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución desde esa fecha sin ningún avance. Ha pasado medio año y todavía no hay dictamen de la propuesta legislativa.
pedido de sobreseimiento (conclusión) del proceso seguido contra el imputado que presentó la Fiscalía. Finalmente, está el caso del venezolano Jorge Zarraga de 31 años, presunto cómplice del “Maldito Cris”, quien recuperó su libertad por disposición de la Fiscalía. Durante la detención policial, se le encontraron armas de fuego y drogas. La institución alegó que no tenía elementos de convicción para dictar una medida preventiva.
ANÁLISIS. Para el penalista
Fernando Silva, existen una serie de elementos que permiten que muchos criminales regresen a las calles. Un primer factor tiene que ver con el trabajo que realiza la Fiscalía porque son los encargados de probar ante el juez que no se puede dar libertad a los investigados. “Los fiscales tienen que tener el criterio suficiente para coordinar con la Policía y requerirle lo que necesita para que se acrediten los elementos que sustentan la prisión preventiva”, indicó.
En la misma línea, el experto se refirió al papel de los jueces durante el proceso. “Toda resolución judicial debe estar motivada. Eso significa que para que el juez dicte prisión preventiva, el fiscal tiene que decir el por qué y en base a qué toma una decisión”, afirmó.
Silva consideró que los jueces deben darle una respuesta a la ciudadanía según las decisiones que toman. Además del punto antes mencionado, el abogado indicó que el temor y la corrupción son otros elementos que juegan a favor de los delincuentes.
“Ahí hay una deficiencia (en los jueces) que no solamente puede ser por un tema de desconocimiento, sino también por un esquema de corrupción”, indicó.
Un dato no menor es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) no sesiona desde el 25 de enero, es decir, hace casi dos meses. El Conasec es un organismo encargado de formular, conducir y evaluar la política de seguridad ciudadana. Está integrado por el alcalde de Lima, el defensor del Pueblo, el fiscal de la Nación, un representante de la Corte Suprema de Justicia, presidentes regionales y el ministro del Interior, entre otros. La última vez que sesionaron, la presidenta Dina Boluarte señaló que “derrotaremos a la delincuencia”. Sin embargo, esa promesa se incumple cada día.