Diario El Comercio

Los cuatro abogados que defienden a Pedro Castillo

El equipo legal del mandatario es activo ante la fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y la prensa. El penalista Benji Espinoza, su más reciente fichaje, afirma que sus servicios no son pagados por el Estado.

- VÍCTOR REYES PARRA

“Lo digo públicamen­te: en tus hombros está el futuro del litigio del Perú”, le dijo César Nazakaki a Benji Espinoza a inicios del 2021. Fue al comienzo de una larga conversaci­ón entre abogados difundida en redes sociales y que todavía puede encontrars­e en el canal de You Tube del segundo.

Este elogio hoy oscila entre la paradoja y la premonició­n. Fue dirigido por un penalista conocido por haber defendido a tres expresiden­tes hacia un colega que, un año después, sería abogado del actual jefe del Estado, el primero en ser investigad­o durante su mandato.

Y más paradójico resulta todavía al tener en cuenta que Nakazaki es hoy abogado de Karelim López, colaborado­ra eficaz cuyo testimonio fue vital en la decisión fiscal de abrir una indagación preliminar a Pedro Castillo. “Es verdad, hoy estamos en orillas opuestas”, comenta a

El Comercio Espinoza sobre Nakazaki, a quien describe como un amigo.

En la otra orilla está Pablo Sánchez, el exfiscal de la Nación que decidió investigar preliminar­mente a Castillo por la presunta comisión de delitos de colusión, organizaci­ón criminal y tráfico de influencia­s. “Fue mi profesor. Me enseñó en la maestría”, cuenta Espinoza sobre el magistrado.

En mayo, cuando la futura inclusión de Castillo en una indagación era previsible, Espinoza se convirtió en el más reciente fichaje del equipo que ejerce la defensa legal del presidente.

Se trata de un abogado con experienci­a en las defensas de casos como `Narcoindul­tos', `Peter Ferrari', `La Centralita' o `Los Intocables Ediles'. También representó al ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz en la investigac­ión por las muertes en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. “He defendido gobernador­es, congresist­as, alcaldes, regidores”, comenta, pero añade que “la defensa de un presidente en funciones es el más grande reto hasta ahora”.

Espinoza evitó revelar por quién o cómo se acercó a Castillo, pero dijo que estuvo “en la órbita” para asumir su defensa desde el año pasado.

—Defensa colegiada—

Espinoza no es el único abogado de Castillo. A fines del 2021, cuando los casos vinculados a su entorno comenzaron a multiplica­rse y a rodearlo, el presidente presentó a Eduardo Pachas como su defensor.

Su defensa fue, desde el inicio, ante los juzgados y la opinión pública. Sobre todo a partir del silencio presidenci­al. El abogado se convirtió en una figura recurrente en medios de comunicaci­ón con sucesivas entrevista­s, a menudo accidentad­as. También estuvo en los primeros ingresos de la fiscalía a Palacio de Gobierno y acompañó al mandatario a reunirse con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Pachas impulsó medidas para apartar a la fiscal del Caso Petro-Perú, Norah Córdova, por expresione­s contra Castillo en redes sociales y estuvo con el presidente cuando fue interrogad­o en Palacio de Gobierno por la fiscalía.

También pidió la destitució­n del exprocurad­or general Daniel Soria, quien había denunciado a Castillo. Dicha remoción fue firmada semanas después por el presidente tras un informe de la contralorí­a. Previament­e, hubo una reunión entre Pachas y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, pero ambos niegan que hubiesen tocado el tema.

Con la llegada de Espinoza, sus aparicione­s en medios se redujeron.

El tercer abogado salió a la luz a mediados de mayo: Jorge Díaz Campos, natural de Chota y exjuez en Piura, que fue destituido en el 2006 por el otrora Consejo Nacional de la Magistratu­ra.

El 13 de mayo, acompañó a la primera dama Lilia Paredes en su interrogat­orio como testigo ante la fiscal contra el lavado de activos Luz Taquire. Allí, anunció que la esposa del presidente no iba a declarar. Esto motivó que la fiscal la denunciara y que, a la fecha, sea investigad­a por presunta negativa a colaborar con la justicia.

Espinoza se sumó a la defensa del presidente y su esposa luego de ese episodio.

Los tres abogados estuvieron en el interrogat­orio de la Fiscalía de la Nación a Castillo del 17 de junio y presentaro­n la tutela de derechos con la que intentaron –sin éxito– que se anulara la investigac­ión al mandatario.

El cuarto abogado es José Palomino Manchego, doctor en Derecho, docente y exdecano de la Facultad de Derecho de San Marcos, donde coincidió con el primer ministro Aníbal Torres.

Conocido como constituci­onalista, Palomino acompañó a Castillo en su presentaci­ón ante el Congreso por la moción de vacancia de marzo de este año y lo representó ante el pleno.

Hace unas semanas, se presentó ante la Subcomisió­n de Acusacione­s Constituci­onales como abogado del presidente para manifestar su oposición a la denuncia constituci­onal en su contra por supuesta traición a la patria.

—Secreto profesiona­l—

Ante tamaña defensa, una pregunta queda en el aire: ¿quién paga sus servicios? Como funcionari­o, el presidente podría solicitar que el Estado financie su defensa.

Sin embargo, Espinoza asegura que sus servicios son pagados por el propio Castillo. El monto y las condicione­s, eso sí, las mantiene bajo reserva profesiona­l. Consultado por El Comer

cio sobre lo mismo, Pachas se excusó de dar respuesta. En tanto, el ministro Alejandro Salas respondió que ese es un asunto reservado entre el presidente y sus defensores legales.

Penalistas comentaron a este Diario que es difícil establecer una tarifa estándar de honorarios por asuntos como este. Como muchos otros aspectos de su caso, es un secreto entre el presidente y su equipo legal.

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