“[Castillo] está utilizando toda la estructura del Estado para defenderse”
Abogado afirma que proyecto de ley mordaza es “una restricción a la libertad de expresión”. Además, considera que existe riesgo de que el Parlamento, que debe evaluar iniciativa, “ponga sus intereses por encima de los intereses de la patria”.
E— El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que busca sancionar hasta con cuatro años de prisión a los jueces y fiscales que filtren información sobre una investigación penal en curso. ¿Cuáles son los peligros que conlleva esta iniciativa? No se puede sacrificar el derecho a la libertad de expresión y de estar informados por una alegada necesidad de mantener la reserva del proceso penal, más aún sí existen previsiones disciplinarias para sancionar a jueces, fiscales o funcionarios que incurran en filtraciones. […] Desde mi punto de vista, [este proyecto] es a todas luces inconstitucional.
— La propuesta, impulsada por el ministro de Justicia, se da precisamente cuando el presidente Castillo afronta una investigación preliminar por presunta organización criminal y otros delitos. ¿El Gobierno utiliza su poder como parte de la estrategia de defensa al jefe del Estado?
Bueno, eso es absolutamente evidente. ¿Quién es el primer ministro de este país? Es el exministro de Justicia que destituyó al procurador general, porque tuvo la osadía, el atrevimiento, según él, de cumplir con sude berypl antear el inicio de una investigación contraelp residente[ Castillo ]. Y ahora, este ministro de apellido Chero pretende vendernos la historia de que para proteger la reserva del proceso pena les necesario criminal izar esta conducta[ de entrega de información a la prensa], sacrificando un derecho fundamental. Chero es abogado y sabe que existe una jerarquía de derechos y que en la cúspide más alta de esa jerarquía están los derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad de expresión y de la libertad de información, porque esto va a terminar impactando en la prensa, que es lo que más le incomoda al presidente y a su entorno.
— ¿El objetivo de este proyecto es que no salga a luz información que comprometa a Castillo?
Yo creo que lo que se busca es tejer un manto de oscuridad y falta de transparencia sobre los actos del Gobierno. ¿Qué ha caracterizado a este gobierno? Se ha caracterizado por una negativa a tener un diálogo abierto y franco, como lo han tenido siempre los presidentes de la República, con la prensa. Ya una sí la prensa sea incómoda, es su deber hacerlo.
— ¿Le preocupa que este proyecto de ley tenga respaldo en el Congreso? Por ejemplo, Fuerza Popular presentó una iniciativa similar en el Congreso que fue disuelto.
Para los políticos siempre ha resultado incómoda la función de la prensa. Y es efectivamente un riesgo que el Parlamento ponga sus intereses por encima de los intereses de la patria y de la ciudadanía. No es la primera vez, como usted bien señala, antes ha habido otros intentos de leyes mordaza de distintos partidos políticos. Por lo tanto, lo que queda aquí es ejercer el máximo de presión ciudadana para que no nos afecten de esta manera. Y si lamentablemente el Congreso toma la decisión equivocada, entonces quedarán pendientes la vía constitucional y la vía supranacional.
— Castillo dice que está dispuesto a colaborar con la justicia, pero sus abogados, por otro lado, insisten en dejar sin efecto la investigación preliminar que le abrió el f iscal Pablo Sánchez. ¿Hay un doble discurso? Sí, es la típica escopeta de dos cañones. Por un lado, sale el presidente diciendo “yo quiero colaborar”, y, por otro lado, instruye a sus abogados, o se deja convencer por ellos, de que no debe ser investigado, de que no debe recibir a la comisión del Congreso. Además, hace al Ministerio de Justicia emitir un informe diciendo que no puede ser investigado por una comisión ordinaria del Congreso. Es decir, está utilizando toda la estructura del Estado para defenderse personalmente. Y aquí también hay una pregunta que debe ser respondida en su momento y es: ¿quién les paga a los abogados sus honorarios? Porque el presidente, como hemos visto, a la fecha cuenta con tres abogados privados.
— ¿Cuál es la salida a la crisis política?
Lo primero es poner término a este desgobierno. Aquí estamos en una situación sumamente grave y los que están pagando la factura son los más pobres. A la pandemia, a la crisis global, se suma la crisis generada por la incapacidad, ineficiencia y corrupción de este gobierno y eso tiene que parar. Y paralelamente, se deben realizar las reformas para que podamos resolver nuestro problema de fondo, no podemos continuar año a año en estas circunstancias. Entonces, resumiendo: sí, hay que buscar un cambio rápido a través de elecciones generales, que se vayan tanto los congresistas como el presidente. Ninguno de los dos cuenta con aceptación ciudadana.
“Como hemos visto, a la fecha [el presidente] cuenta con tres abogados privados. ¿Quién les paga sus honorarios?”.