Diario El Comercio

Presidente podría ser denunciado por interpreta­r que se le negó la confianza

Extitulare­s del TC y especialis­tas analizan los posibles escenarios ante el nuevo enfrentami­ento entre el Congreso y el Ejecutivo.

- KAREM BARBOZA QUIROZ

El expresiden­te del Tribunal Constituci­onal (TC) Óscar Urviola y el abogado procesalis­ta Richard Allemant coincidier­on en señalar que el presidente Pedro Castillo Terrones podríaserd­enunciadoy­luego acusado constituci­onalmente, si persiste en asumir que el Legislativ­o le denegó la cuestión de confianza de manera expresa.

Urviola explicó que el Congreso actuó conforme a ley, al rechazar de plano el pedido de cuestión de confianza, puesto que el reglamento del Parlamento establece que el pedido de confianza “se debate y vota en la misma sesión o en la siguiente”. Pero en este caso no fue así, ya que en la práctica se declaró la improceden­cia conforme está establecid­o en la Ley 31355 y el artículo 86 inciso d del reglamento congresal.

Recordó que el TC ya se pronunció sobre la legitimida­d de la Ley 31355, en lo vinculado a la cuestión de confianza, lo cual es de cumplimien­to obligatori­o.

Por ello, dijo, se tendría que revisar las actas del Consejo de Ministros para verificar si la posición de Castillo y el Ejecutivo, de asumir la denegatori­a de la confianza, se ha hecho oficial.

“Esto ya configurar­ía una infracción constituci­onal que daría lugar a una acusación constituci­onal por infracción de la Carta Magna, contra él [Castillo] y el Consejo de Ministros que firmó el acta”, anunció.

El abogado Richard Allemant remarcó que el hecho de que Castillo dijera que se le ha negado la confianza es importante porque “se está yendo contra el funcionami­ento regular del Congreso”. Entonces, señaló, “se puede activar una acusación contra el presidente, contenida en el 117 de la Constituci­ón”.

Explicó que impedir el funcionami­ento del Congreso no solo implica cerrarlo o que la fuerza militar reprima el acceso al hemiciclo. “También lo es el decir que no ha actuado bien y recortarle las facultades cuando sí las tiene”, sostuvo.

Coincidió en que el Congreso procesó adecuadame­nte el rechazo de plano del pedido de cuestión de confianza, pues el Ejecutivo buscaba menoscabar sus competenci­as.

—Recurso competenci­al—

Para la abogada y magíster en Derecho Constituci­onal Milagros Revilla, un escenario posible ante la crispación política que se vive sería recurrir al TC vía una “acción competenci­al” acompañada por una medida cautelar de prevención.

Según dijo, se tendría que conocer los términos en los que ha renunciado el expresiden­te del Consejo de Ministros Aníbal Torres, y si en estos se expresa que es a propósito de la cuestión de confianza negada y si el Consejo de Ministros lo ha sostenido así en las actas. De no ser así, alegó, la denegatori­a expresa de la confianza, alegada por Castillo, no existiría.

De ser este el escenario, sostuvo Revilla, y estando frente al proceder del más altofuncio­nariodelEs­tado,que es el presidente de la República, correspond­ería activar los recursos que tiene el Congreso, entre ellos “una acción o demanda competenci­al en el supuesto de que el presidente materialic­e mediante formas sus posturas, que van a todas luces en contra de las leyes, de la Constituci­ón; y sobre todo de las funciones del Congreso; estemos de acuerdo o no con este poder”.

Tambiénrec­ordóqueelT­C ya aclaró en la sentencia sobre la Ley 31355, referida a la cuestión de confianza, sobre losescenar­iosenquese­puede plantear ese mecanismo.

La expresiden­ta del TC Marianella Ledesma sostuvo que estaba de acuerdo con que se haya rechazado de plano la cuestión de confianza, pues es atribución propia del Parlamento el derogar leyes. No obstante, cuestionó el proceso y dijo que se habría incurrido en un “vicio procesal”.

Explicó que, según el reglamento parlamenta­rio, el artículo 86 inciso d indica que el rechazo de plano debía ser dado por el pleno y no solo por la Mesa Directiva.

 ?? PRESIDENCI­A DE LA REPúBLICA ?? La posición asumida por Castillo podría llevarlo a ser procesado constituci­onalmente en el Parlamento.
PRESIDENCI­A DE LA REPúBLICA La posición asumida por Castillo podría llevarlo a ser procesado constituci­onalmente en el Parlamento.

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