Arrestan a jefe de la DINI por presunto encubrimiento
Por el Caso Petro-Perú, se ordenó prisión preliminar para José Fernández Latorre, el asesor Henry Shimabukuro, el empresario Samir Abudayeh y el exdirectivo de la compañía estatal Hugo Chávez, cuyo paradero es desconocido.
El jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), José Fernández Latorre: el colaborador de este organismo en Palacio de Gobierno, Henry Shimabukuro, y el empresario Samir Abudayeh se encuentran recluidos desde ayer en las instalaciones de la prefectura, tras dictarse una orden judicial de prisión preliminar de diez días en contra de ellos por el Caso Petro-Perú.
La medida, dispuesta por la jueza Ingrid Estacio, incluye al ex gerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo, cuyo paradero es desconocido luego de que viajara a Bolivia el lunes último. El Ministerio Público sostiene que una presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo dirigió indebidamente una licitación de US$74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators S.A.(HPO), compañía de Abudayeh, para el suministro de biodiésel.
Shimabukuro y Abudayeh fueron intervenidos en horas de la mañana, en Breña y Surco, respectivamente, como parte del operativo denominado Valkiria III, en el que participaron 138 agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Por la tarde, Fernández se entregó a las autoridades después de permanecer varias horas no habido, pues no fue hallado en su domicilio en La Molina. Antes de ser recluido, se examinó su estado físico en el Instituto de Medicina Legal.
El equipo de policías y fiscales también allanó 11 inmuebles de los investigados, que se ubican en San Isidro, Surco, Lurín, San Miguel, Rímac, en Lima Metropolitana, así como en Ventanilla, región Callao.
—Imputaciones—
Según las pesquisas de la fiscalía, el director de Inteligencia Nacional, José Fernández, y el asesor Henry Shimabukuro son señalados de incurrir en el supuesto delito de organización criminal y encubrimiento personal.
Fernández y Shimabukuro coordinaron con el ex subsecretario general de Palacio de Gobierno Beder Camacho la desaparición de evidencias que pudieran involucrar al presidente Pedro Castillo en el Caso Petro-Perú, de acuerdo con las versiones e indicios aportados por colaboradores eficaces.
En el documento judicial, al que El Comercio tuvo acceso, se indica que ellos se encargaron de facilitar dinero al investigado Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, para que se mantenga en silencio y no colabore con la justicia.
La indagación fiscal sostiene que esto se concretó a través de Gloria Pacheco, la hermana del exfuncionario de la sede de gobierno. Hasta el momento se ha establecido la entrega de al menos S/4.000, que fueron alcanzados en dos partes, el 23 y el 29 de diciembre pasado.
Respecto al exgerente de Petro Perú Hugo Chávez, la fiscalía lo sindica por el delito de colusión agravada al presuntamente haber favorecido a Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo dueño es Samir Abudayeh. Este último también es investigado por el mismo delito, pero en condición de cómplice.
La tesis fiscal señala que la presunta red criminal encabezada por el mandatario habría operado en la empresa estatal en diferentes modalidades: “El copamiento indebido del poder, los lobbies ilícitos, los procesos de licitación fraudulentos y protección a sus integrantes”.
Sobre el nombramiento de Hugo Chávez, Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz y amigo del jefe del Estado, declaró ante la fiscalía que remitió S/30.000 al presidente Castillo por esa designación.
Consultados sobre la orden judicial, los abogados de Samir Abudayeh y de Hugo Chávez, Leonardo Latinez y José Ugaz Gómez, respectivamente, consideraron que la medida es injustificada y desproporcionada.__