Salvar la democracia
El acta del último Consejo de Ministros que presidió Aníbal Torres busca ser convertida, por el Gobierno, en el acta de defunción del Parlamento. No me cabe duda alguna.
En su acuerdo, el Gabinete Torres se las ha jugado todas. Al declarar que el Congreso ha rechazado “de plano” la cuestión de confianza, sin que esto haya sido manifestado en forma expresa y mediante oficio por el Parlamento
–como manda la Ley 31355, sacramentada por el Tribunal Constitucional–, los ministros no solo han violado la ley, sino también la Constitución.
Han interpretado una “denegación fáctica de la confianza 2.0”, pese a que esta posibilidad ha sido suprimida por ley. Castillo, Torres y casi todo su Gabinete decidieron actuar fuera del ordenamiento legal, y ahora no les queda otro derrotero que seguir adelante hasta conseguir disolver inconstitucionalmente el Parlamento. Es decir, deben concluir el golpe de estado que ya iniciaron.
La única ministra que salvó su responsabilidad es la vicepresidenta Dina Boluarte. Ella conoce (al igual que los otros ministros, se supone) el artículo 128 de la Constitución, según el cual “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
Boluarte salvó su voto y renunció inmediatamente, limpiando un posible camino de sucesión presidencial. Todos los demás ministros y Pedro Castillo pasaron a la condición de transgresores. Si a ello se une la designación de la confrontacional Betssy Chávez Chino como presidenta del Consejo de Ministros, estamos ante un escenario claramente golpista.
Palacio de Gobierno ha disparado el misil y este vuela rumbo a la plaza Bolívar. ¿Qué debe hacer el Parlamento? Salvar la democracia.
Para ello, debe mostrar reflejos y cohesión, especialmente en la oposición, que debe mostrar músculo y no disiparse en tentativas individuales y desordenadas, como lo viene haciendo.
Debe armar una mayoría que permita la salida más clara, más pronta y menos controversial: la vacancia del presidente Castillo por permanente incapacidad moral. La discusión sobre si esta figura alude solo a las facultades mentales de un mandatario o si alcanza también a sus actuaciones ilegales o inconstitucionales queda en lo bizantino considerando que hay antecedentes con Fujimori, Vizcarra y Kuczynski, en los que el Congreso marcó precedentes en el sentido de esto último.
El camino de l a denuncia constitucional también es sólido, pues, a no dudarlo, la carta fundamental ha sido claramente violentada por Castillo y sus ministros. Es, sin embargo, un proceso denso, prolongado, y el tiempo corre en favor del Ejecutivo que actúa con premura, consciente de que ha escogido un camino turbio del que solo puede salir bien librado si aplica la política de los hechos consumados.
“Palacio de Gobierno ha disparado un misil y este vuela rumbo a la Plaza Bolívar”.