Once exministros de Castillo afrontan investigaciones fiscales
En indagación ● La mayoría de casos se relaciona con la presunta red criminal que, para el Ministerio Público, habría dirigido el expresidente ● Otros tienen que ver con el golpe de Estado.
La gestión del expresidente Pedro Castillo no solo estuvo marcada por las indagaciones penales que le inició la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción. En paralelo, a múltiples miembros de su Gabinete Ministerial se les abrió investigación preliminar por supuestos delitos que van desde organización criminal y rebelión, hasta peculado y obstrucción a la justicia.
Así, al menos 11 exministros del gobierno castillista son investigados por hechos ligados a sus gestiones como altos funcionarios. Por lo tanto, están o estuvieron bajo la protección del antejuicio o ‘inmunidad’.
Las pesquisas son de la Fiscalía de la Nación, específicamente del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Por ello, cuando culminen, se deberá definir si se archivan o si presentan denuncias constitucionales ante el Congreso para levantar sus antejuicios y que la indagación pueda seguir como investigación preparatoria. Cuando esta culmina, se define si se presenta una acusación ante el Poder Judicial (PJ).
La mayoría de las indagaciones se relaciona con la presunta organización criminal que, para la fiscalía, encabezó Castillo en el interior de su gobierno, y que tuvo ‘brazos’ desplegados en ministerios o para ejecutar propósitos como el de obstruir a la justicia.
Otras se vinculan al golpe de Estado del 7 de diciembre y el posterior proceso a Castillo por rebelión y conspiración. Además, hay casos por presuntas irregularidades de ministros al margen de la figura presidencial [ver infografía].
—La presunta red—
El primer caso es el de Walter Ayala. En noviembre del 2021, se abrió una investigación al entonces ministro de Defensa por las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Días después, el abogado renunció al cargo.
Las pesquisas fueron inicialmente por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Eventualmente, el caso pasó a ser parte de la tesis de la presunta red dirigida por Castillo y su brazo en el Mindef. Así consta en la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para poder seguir investigando a Castillo.
Según conoció El Comercio, la investigación a Ayala hoy también es por organización criminal y tráfico de influencias. El exministro niega estos cargos y rechaza ser parte de una red ilícita.
El siguiente fue Juan Silva. Su investigación por colusión se abrió en mayo. Si bien ya había renunciado a ser ministro de Transportes y Comunicaciones meses antes, el antejuicio se extiende hasta cinco años después de dejar de ser alto funcionario. Esto lo protegió por meses de medidas como una prisión preventiva.
En junio, la fiscalía obtuvo una orden de detención preliminar contra Silva, quien pasó ala clandestinidad. Hoy se lo considera parte del brazo de la red en el MTC y se le imputa organización criminal. Tras levantársele su antejuicio, el PJ le dictó prisión preventiva el último 9 de marzo.
A Geiner Alvarado se le abrió investigación en agosto del 2022, junto a Castillo, por organización criminal en torno a presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Días antes, había dejado esa cartera para asumir el MTC. Para Alvarado, ya sin antejuicio, se pidió prisión preventiva junto a Silva, pero el PJ la rechazó.
En setiembre, se incluyó a Félix Chero y Aníbal Torres, exministros de Justicia, en la indagación a Castillo por organización criminal y encubrimiento. La denuncia constitucional contra el expresidente los ubica en el ‘brazo obstruccionista’ de la red. Luego, en noviembre, se abrió investigación a Roberto Sánchez por presunta obstrucción a la justicia.
—El golpe—
En diciembre, la fiscalía incluyó a cuatro exministros en su investigación a Castillo por rebelión: Betssy Chávez (ex PCM), Aníbal Torres (ex PCM) Willy Huerta (ex Mininter) y Sánchez.
Torres, al ser asesor de la PCM y ya no ministro durante el golpe, no tuvo antejuicio. Para los otros, la fiscalía presentó una denuncia para que se les levantara esa prerrogativa. El Congreso definirá este miércoles si accede al pedido.
El penalista Andy Carrión comentó a El Comercio que la cifra de ministros investigados es llamativa por sí misma,perotambiénporelpoco tiempo que duró el gobierno de Castillo (menos de un año y medio). Esto, dijo, abona la tesisdeunaorganizacióncriminal. Por otro lado, opinó que en el caso de Ayala y los ascensos, ya habría elementos para una pronta denuncia constitucional.