El informe más temido
“Nota en la que se expresa extrañeza y malestar, hasta ahí te puedo leer”, me dice Gustavo Adrianzén, nuestro embajador en la OEA, sobre el encabezado de un documento reservado que ha entregado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Pero sí me puede contar el porqué del malhumor oficial: “Estamos fastidiados por el adelanto de opinión del comisionado Joel Hernández”.
¿Qué hizo Hernández, uno delos miembros de la comisiónque visitó el perú entre el 11 y el 13 de enero? Pues le contestó el teléfono a “The New York Times” (NYT), que buscaba fuentes para su artículo “La policía y el Ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes”, de brentmc donald yai mar a Tiefenthäler, publicado el 16 de marzo. Allí, Hernández es citado con esta frase: “El factor clave es que la policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional ”. y luego, los autores agregan :“hernández ayudó a efectuar una evaluación sobre el territorio de la violencia [o sea, el informe de la CIDH] y la calificó de ‘excesiva para el objetivo de controlar la protesta’”.
Torre Tagle, según mis fuentes, estima que el informe se difunda a fines de abril. El 29 de marzo se vence el plazo para recibir las observaciones que trasladará cancillería a la CIDH y que elabora el Ministerio de Justicia.
–Humana lengua– ¿Adelantó opinión Hernández? El comisionado hizo aseveraciones y usó adjetivos. Opinó sin lugar a dudas. Pero hagámonos una pregunta fundamental: ¿es la CIDH una corte en la que se puede recusar al juez que abrió su bocota sobre el caso que sigue? No. Tan no lo es, que el último día de su visita, el líder de la misión, Stuardo Ralón, junto a Hernández y otros comisionados, dio una conferencia de prensa en la que describió de modo general, y evitando sacar conclusiones, lo que encontró.
La Corte IDH con sede en San Jo sé, pariente de la CIDH, sí tiene su propia normativa que puede llevara recusara un juez. no menciona específicamente el adelanto de opinión como una causal para apartar a un juez del proceso o para cuestionar la integridad de este; pero podría argumentarse que, en casos extremos, sí lo sea. Los procesos son reservados (Art. 14 y Art. 20 del reglamento que habla de las sesiones y las actas), de lo que se deduce que los comisionados no deben difundir el contenido del informe; pero no es eso lo que se acusa en Hernández; sino haber expresado su opinión.
–Negacionismo–
Por todo lo anterior, cuando le pregunto a nuestro hombre en la OEA: ¿Si no se puede recusar, cuál es el objeto de esta queja ?, me responde :“no preten demos recusarlo, ni pedimos que se inhiba el comisionado, no hay tales cosas en la CIDH; pero queremos dejar sentada nuestra protesta, porque eso no debe pasar”. Adrianzén no me responde cuáles pueden ser las intenciones ulteriores. ¿Cuáles serían? conversandocon diplomáticos en retiro e internacionalistas, surgen algunas hipótesis, no necesariamenteexcluyentes. una de ellas es generar una pátina de cuestionamiento y desprestigio del informe, para atenuar el impacto crítico que sin duda va a tener. Otra es ganar tiempo. Otra es que el gobierno decide mostrar a sus aliados policiales y militares el firme respaldo a su acción antiprotesta.
La última razón es fundamental, porque impele a cierto negacionismo. “Aquí no se han violado derechos humanos y punto, y sí se hubiera hecho, bueno, que la fiscalía investigue” es el discurso que, matices más, matices menos, prima en el gobierno. La cancillería, que tiene roce con diplomáticos de perspectivas más frías y realistas, quisiera que el gobierno la autorice a ser más proactiva y admitir más de lo que se admite. Pero Dina Boluarte y Alberto Otárola rechazan tal perspectiva y vuelven al tono negacionista. Gervasi, según mis fuentes, quiso dar la pelea en algún momento, pero tiró la toalla tras su performance ante “The New York Times” que la entrevistó y la citó de esta forma: “Protestas en Perú: la canciller reconoce que no hay pruebas de respaldo de criminales” (2/2/2023). Desde entonces, Gervasi se corre de entrevistas con medios extranjeros puntillosos.
Ni la canciller ni el ministro de Justicia, José Tello, tienen el peso como para plantarse ante la presidenta y convencerla de ese giro proactivo. He conversado con diplomáticos en retiro que, a su vez, conversan con embajadores de países amigos y han oído esta frase: “El Perú no se deja ayudar”. Saben estos diplomáticos que es mejor tener predisposición a administrar la verdad desde un comienzo, que meterse a un callejón sin salida.
Un diplomático me mencionó una propuesta que existe en expertos en DD.HH. y que, en las semanas críticas de diciembre, se le hizo llegar a Boluarte. ¿Cuál es? Pedir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que envíe una misión permanente al Perú, que vigile sobre el terreno el trabajo policial y militar ante las protestas. En Colombia hay una desde el gobierno de Álvaro Uribe y se mantiene hoy en el de gustavo Petro. Sin embargo, el negacionismo prima al punto que se ha contratado una empresa para que haga lobby y campañas mediáticas en EE.UU. sustentando esa posición. Hasta que nos estrellemos contra la realidad.
“No pretendemos recusarlo, ni pedimos que se inhiba el comisionado [...]; pero queremos dejar sentada nuestra protesta”.
Gustavo Adrianzén Embajador ante la OEA