Siete ministros de Boluarte son investigados por la fiscalía
Preliminar La mayoría de las pesquisas, por hechos ocurridos en sus gestiones como miembros del Gabinete, ● se refiere a las muertes en las protestas de diciembre y enero Del total, cuatro permanecen en sus cargos. ●
Almenossieteministrosyexministros de Dina Boluarte enfrentan investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación por hechos vinculados a sus funciones como miembros del Gabinete. Ello en solo tres primeros meses de la actual gestión.
La mayoría de casos se refiere a las muertes en las protestas contra el Gobierno y el Congreso, las cuales incluyenalamandataria.Sin embargo, también hay indagaciones por presuntos delitos de corrupción.
Patricia Benavides, fiscal de la Nación, abrió en enero una investigación preliminar a Boluarte y miembros de su Gabinete por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto en torno a las protestas de diciembre y enero en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
—Las manifestaciones—
Cuando se iniciaron las investigaciones, según la Defensoría del Pueblo, ya había 39 civiles muertos como parte de las protestas que fueron reprimidas por la policía y las Fuerzas Armadas. La mayoría de decesos ocurrió en Ayacucho el 15 de diciembre (8) y el 9 de enero en Puno (17).
El 10 de enero, la fiscalía informó sobre el inicio de las pesquisas a Boluarte y sus ministros. Todos ellos están protegidos por el antejuicio, porloquelainvestigaciónsolo puede avanzar más allá de la fase preliminar si el Congreso aprueba una eventual acusación constitucional.
La indagación incluye a los presidentes del Consejo de Ministros y a los titulares del Interior y de Defensa al momento de los hechos.
Estos son Alberto Otárola como ministro de Defensa y jefe del Gabinete, Pedro Angulo como extitular de la PCM, César Cervantes y Víctor Rojas como exministros del Interior, y Jorge Chávez como titular de Defensa.
Otárola y Chávez continúan en el Ejecutivo. En tanto, Angulo hoy es jefe del gabinete de asesores de Javier Arévalo Vela, presidente de la Corte Suprema.
Boluarte ha dicho que su gobierno se allana a las investigaciones y ha ofrecido disculpas “por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos”. El Ejecutivo también respaldó la labor de la PNP y las Fuerzas Armadas, y atribuyó la violencia a sectores radicales ligados al narcotráfico y la minería ilegal.
AntonioMaldonado,exprocurador y exfuncionariodelAltoComisionadode la ONU para los Derechos Humanos, consideró que la investigación es necesaria porque el Gobierno enfrentó las protestas con “un uso excesivo y desproporcionadodelafuerzapública,quebrantando muy claros estándares internacionales”.
Sin embargo, criticó que la fiscalía haya incluido el delito de genocidio: “Una investigación por genocidio está destinada al fracaso absoluto, porque allí no hubo genocidio y no va a haber forma de probarlo”.
Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, dijo que las indagaciones a ministros por esos delitos afectan la reputación de un gobierno, por lo que “debieron salir en su momento”.
“Dado el número tan alto de muertes y la evidencia existente hasta el momento, no sorprende el número de ministros investigados en la vía penal. Más bien, comparado con casos similares en el pasado, el Congreso –que suele hacer visible la responsabilidad política– ha tenido una actuación escasa”, consideró.
— Otros casos—
Otro ministro investigado es Vicente Romero, actual titular del Mininter. Su caso es por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se alojaban manifestantes. La fiscalía le abrió indagación por omisión de actos funcionales.
Benavides inició en febrero otra indagación a Otárola, esta vez junto al ministro de Trabajo, Luis Adrianzén. Es por colusión en torno al nombramiento de la excuñada del primer ministro como asesora en esa cartera. Ambos niegan que Otárola haya influido en la designación.
Adrianzén sumó el 1 de marzounasegundainvestigación, ahora por negociación incompatible. Es por un “presunto interés indebido” en el pago de S/41 millones de Essalud a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C., que obtuvo en el 2020 la buena pro en una adquisición de un millón de pruebas rápidas de COVID-19.