Dina Boluarte sigue sin dar explicaciones y culpa a la prensa
Jefa del Estado cuestionó en mensaje a la nación la decisión del juzgado que autorizó los allanamientos y criticó a los medios de comunicación que informaron sobre los hechos. No aclaró el origen de sus Rolex.
En un mensaje a la nación efectuado más de 15 horas después de iniciadas las diligencias, la presidenta Dina Boluarte cuestionó ayer los allanamientos de su domicilio de Surquillo y de su despacho en Palacio de Gobierno, aunque continuó sin dar explicaciones sobre el origen de los relojes de alta gama que utilizó en distintas actividades, entre ellos los de la marca Rolex.
Boluarte condenó la manera en la que representantes de la fiscalía y la policía ingresaron a su casa y dijo que no habría transcurrido el “tiempo suficiente” para que los miembros de su familia, que estaban en el domicilio, “puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta”.
En los casi 15 minutos que duró su discurso, la jefa del Estado – flanqueada por el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, y el resto del Gabinete– no dio explicaciones de fondo sobre los hechos que motivaron la intervención de las autoridades. Afirmó que, por recomendacióndesuabogadomateocastañeda, no brindará detalles del caso hasta que pueda asistir a la fiscalía –que la investiga por presunto enriquecimiento ilícito– para ser interrogada.
Sinembargo,síutilizóelespacio para criticar la medida dictada por el juez Juan Carlos Checkley, la que calificó de “arbitraria, desproporcionada y abusiva”; y para cuestionar a los medios de comunicación por haber informado, entre otros temas,sobrelosaccesoriosqueusa. Dijo que espera que no se trate de un “tema sexista”.
Boluarte culpó a la prensa por haber dado a conocer la pérdida del cuaderno de ocurrencias de su domicilio y por revelar que un auto de su despacho estuvo estacionado cerca del lugar donde habría estado escondido el prófugo Vladimir Cerrón. Además, cuestionó el informe de El Comercio sobre el dinero de origen desconocido en sus cuentas bancarias.
—Reacciones políticas—
Tras conocerse el allanamiento, diversas bancadas y partidos se pronunciaron a favor y en contra de la medida, la cual se da a poco de llevarse a cabo en el Congreso –el próximo miércoles 3– el voto de investidura del Gabinete Adrianzén.
Fuerza Popular indicó en un comunicado que la institución presidencial “una vez más se ve afectada por la falta de una respuesta oportuna, pero también por los intereses oscuros que buscan desestabilizarelordenconstitucionalennuestro país”. Y resaltaron que esperan que Boluarte aclare “la situación que no solo opaca su gestión, sino que otorga espacio a voces oportunistas que exigen una vacancia”.
En tanto, Alianza para el Progreso (APP) indicó que las medidas empleadas por las autoridades fueron “desproporcionadas y aparatosas”. También exigió respeto a la institucionalidad democrática, alegando que la imagen internacional del país se verá afectada gravemente.
Renovación Popular expresó su rechazo y preocupación “ante la irrupción” de las autoridades en la residencia de Boluarte.
Laportavozdeperúlibre,margot Palacios, anunció que presentaron ayer la moción de vacancia contra
Boluarteporincapacidadmoralpermanente. Mientras que la bancada Cambio Democrático-juntos por el Perúvieneimpulsandounasegunda mocióncontralamandataria.
—Implicancias legales—
En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Natale Amprimo y Beatriz Ramírez descartaron que la orden dictada por el juez Checkley haya ido en contra de la Carta Magna, como lo señalaron la presidenta y varios de sus ministros a lo largo del día. Remarcaron que el magistrado basó su decisión en el precedente que dejó el caso de Pedro Castillo.
Amprimo calificó la conducta de Boluarte de “evasiva y dilatoria, que no ha buscado esclarecer los hechos”. “¿Cuál es la inconstitucionalidad, acaso no hay mandato judicial o ella no se había comprometidoaasistiralafiscalía”,cuestionó.
Ramírez subrayó que el juzgado valoróladeclaracióndelgerentede lacasabancherosobrequeesnecesario destapar el lujoso accesorio para conocer el número de serie y su origen. “Entonces, si la presidenta no ha mostrado cooperación, lo que dice el juzgado es que esto justifica la necesidad de acceder, inclusive por la fuerza”, incidió.