La capitulación del MEF
Hubo un tiempo – hace no mucho, en realidad– en que el Congreso escuchaba con alguna atención a los especialistas antes de aprobar legislación en temas complejos. Sin embargo, el ánimo populista, interesado o cínico de los recientes parlamentarios ha eclipsado el rol de las opiniones externas informadas sobre los de bates de comisiones y pleno. Sobre eso se ha comentado antes. Lo que es más novedoso es la capitulación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros espacios del Ejecutivo en hacer valer su propia voz para temas críticos haciendo uso de las herramientas constitucionales a su alcance.
Una cosa, entonces, es que se hayan perdido los días en que una opinión contraria de un ministerio en un asunto de su competencia podía ser suficiente para persuadir la posición congresal. Otra cosa es que el Ejecutivo, de un tiempo a esta parte, prefiera lidiar con las consecuencias de una mala ley antes que lidiar con una oposición en el hemiciclo.
Esta dinámica se vio de forma nítida la última semana, cuando el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se negó a observar la norma que abría la puerta a un nuevo retiro de fondos de las AFP. A pesar de que todas las instituciones públicas relevantes se habían manifestado en contra de un forado adicional en las cuentas de jubilación –incluido el propio MEF–, a la hora de expresar su desacuerdo en una observación de la autógrafa como corresponde, el Ejecutivo se inhibió. De acuerdo con el titular del MEF, José Arista, la decisión en Consejo de Ministros se tomó dada la “alta votación que ha recibido esta norma” en el Parlamento, por lo que “no es oportuno demorar más” su promulgación. “No queremos que la población vea que hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso”, añadió luego en una entrevista. El MEF pocas veces se había visto tan pequeño.
No es la primera vez que el Ejecutivo prioriza el cálculo político. Se dio también el mes pasado con la derogación de la disposición que facultaba a la policía a intervenir a los mineros ilegales que cargan explosivos. Se dio este mes con la insistencia del Congreso en la ley que permite el reingreso de docentes retirados de la carrera magisterial por no aprobar evaluaciones de competencia, y la defensa que hizo de esta norma el titular del Ministerio de Educación, Morgan Que ro. En transportes es lo mismo. Es ya un patrón de conducta dentro de Palacio de Gobierno y de la Presidencia del Consejo de Ministros. La lógica es la siguiente: las leyes pueden ser malas y dañar a trabajadores, estudiantes, pasajeros u otros, pero peor es antagonizar con los inquilinos del palacio de la plaza Bolívar. La falta de conciencia sobre su rol es tal que incluso revelan, explícitamente, que esa es la causa de la claudicación del Ejecutivo.
La combinación difícilmente podría ser peor. Un Congreso populista concentrado en exprimir al máximo su posición mientras dure para beneficio propio, con un Ejecutivo incapaz de levantar la voz para defender los atropellos, y ambos con niveles de aprobación ínfimos. Ni siquiera el MEF, otrora institución que hacía valer su peso, se atreve a importunar a los legisladores.
Quizá lo peor sea el mensaje que llega a los oídos de los congresistas. Ahora hay –podrían ellos interpretar– carta blanca desde el Ejecutivo para avanzar con cualquier despropósito legislativo, siempre que alcancen una mayoría suficientemente intimidante en el hemiciclo. Es temporada abierta. Las potenciales víctimas somos todo el resto.
En vez de hacer valer su voz, el MEF y el Gobierno en general se allanan a los despropósitos del Congreso por puro cálculo político.