Zenón Cuevas rechaza proceder del Poder Judicial y el Ministerio Público contra gobernadores regionales
Sorprendido se mostró el gobernador regional Zenón Cuevas Pare, que se haya involucrado al gobernador regional de Tacna Juan Tonconi Quispe, como líder de la presunta organización criminal “Los Fariseos de la Salud Tacneña”, que la conformarían funcionarios y ex funcionarios regionales, así como empresarios privados, según detalla la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
“Yo no sé si sea una estrategia del Ministerio Público, el Poder Judicial o de la Contraloría General de la República, pero lo único que puedo decir, es que este tipo de investigaciones las hagan dentro del debido proceso”, expresó.
Considera que cualquier situación que imputa responsabilidades debe ser investigado en libertad. En tanto no se demuestre fehacientemente y objetivamente la responsabilidad civil y penal, debe darse la presunción de inocencia.
“Toda persona tenemos el derecho de ser juzgados en libertad, cuando tenemos garantizado el arraigo domiciliario y familiar, yo no sé cuál es el objetivo que tengan”, expresó.
Espera que detrás de todo esto no haya otro tipo de intencionalidad, porque de lo contrario se estaría avanzan- do a una situación muy peligrosa, donde la política se judicializa, criminaliza y se persigue. Agregó que primero fue el gobernador de Arequipa, después Puno, Arequipa y Tacna, por lo que no sabe qué puede pasar. Particularmente, dijo que, si hay funcionarios en su gestión involucrados en hechos irregulares, dará todas las facilidades del caso para la investigación, sea quien sea.
“Yo siempre he recomendado que hagan las cosas bien, profesionalmente, técnicamente y de manera transparente. Seguramente puede haber errores, pero eso no da derecho de ninguna manera hacer comparaciones. Mi pregunta es, quien moraliza al moralizador, que es lo que pasa en el Poder Ejecutivo, no sabemos que es lo que va ocurrir, mientras tanto, vamos a continuar con nuestro trabajo”, puntualizó.
Zenón Cuevas Pare, piensa que es una estrategia del Poder Judicial y el Ministerio Publico al involucrar a gobernadores regionales en actos de corrupción. Pide que procesos de investigación sean en libertad.