Procurador del GORE, denuncia por el caso “Lomas de Ilo” a Samuel Coayla, Jaime Rodríguez, Agapito Mamani y otros
Durante la rendición de cuentas del estado situacional del proyecto “Ampliación de la frontera agrícola de Lomas de Ilo”, el Abog. Carlos Murillo Tapia procurador público del GORE Moquegua, informó que existen 14 acciones judiciales iniciadas en el proyecto lomas de Ilo, tanto en el ámbito fiscal, como en el Poder Judicial.
En febrero del 2022 cuando asumió el cargo, se encontró 7 acciones judiciales y durante la gestión de Murillo Tapia, se aperturaron 7 denuncias más.
“La mayoría de las primeras acciones son de acuerdo al informe de auditoría Nro. 1842 del año 2019 que efectuó la Contraloría General de la República hasta diciembre del 2018”, expresó.
Según Carpeta Fiscal Nro. 323-2022, se aperturaron denuncias contra José Carlos Hiraja Mendoza, Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, Marco Antonio Portocarrero Meza, Juan Rodríguez Linares, Samuel Coayla Juárez y Otto Guillermo Bustamante Quilco, por el presunto delito de malversación de fondos. La denuncia se encuentra en la Sexta Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Moquegua, actualmente se está realizando las diligencias preliminares.
“Los 33 millones aproximadamente recaudados por la venta de los terrenos en las lomas de Ilo, mediante subasta pública ingresó al Tesoro Público en la modalidad Recursos Directamente Recaudados y el directorio de la gestión 2015-2018, mediante acuerdo utilizaron este dinero sin ser destinado a la finalidad del proyecto, es decir, se usaron para otros fines, lo que constituiría malversación de fondos”, expresó.
Mediante Carpeta Fiscal 324-2022, se denunció a José Alberto Cahuana Arias, José Antonio Flores Oha, Segundo Alberto Bellido López, Ricardo Arbañil Rivadeneira, Iván Bedoya Salazar, Alfredo Poves Osorio, José Miguel Monzón Núñez, Rafael Neyra Vargas y Félix
Lazo Pacheco, por el presunto delito de colusión. La denuncia se encuentra en la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, donde se realiza las diligencias preliminares.
“Estos señores como miembros del comité de recepción de obra, se habrían coludido con la empresa OBRAINSA – ASTALDI para recepcionar un proyecto sin realizarse la prueba de funcionamiento”, aseveró.
Carpeta Fiscal Nro. 3682022 se denunció a José Luis Núñez Herrera y José Manuel Bernales Calderón por haberse coludido con la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA) y el gerente del PERPG para que se elabore un expediente técnico y a su vez sea supervisor, atentando contra el principio de imparcialidad.
La denuncia fue derivada a la ciudad de Lima a la Fiscalía Anticorrupción que ve los casos Odebrecht y el Club de la Construcción.
Asimismo, con Carpeta Fiscal Nro. 367-2022, se denuncia a los que resulten responsables por haberse dispuesto un presupuesto aproximado de 1 millón de soles para hacer la defensa de los arbitrajes iniciados por OBRAINSA en contra
del PERPG, que fueron perdidos y se debe a la empresa 17 millones de soles, donde 10 millones iban a ser pagados por la gestión anterior, pero se detuvo, por lo que se hizo una denuncia.
Mediante Carpeta Fiscal Nro. 120-2023, se denuncia al Ing. Agapito Mamani Luis por el delito de omisión de funciones, por no implementar un informe de control referido al proyecto lomas de Ilo.
Con Carpeta Fiscal Nro. 119-2023, se denuncia a Agapito Mamani Luis y los demás gerentes de las gestiones de los ex gobernadores Zenón Cuevas Pare y Jaime Rodríguez Villanueva, quienes, conociendo las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, no optaron las medidas necesarias en contra de las empresas para solicitar el pago o la reparación de los daños ocasionados.
Todas estas denuncias han sido presentadas de noviembre y diciembre del 2022, cuando se hizo público los resultados de los peritajes que se efectuaron en el proyecto lomas de Ilo, estando a la espera que esta nueva gestión asuma las acciones respectivas.
Procurador dio a conocer que está por vencer el plazo de la garantía de la calidad de obra en el mes de febrero del 2024. Espera que la parte Ejecutiva del GORE adopte las acciones de manera oportuna para defender los intereses del Estado.