Saqueo en el balneario
Los que quieren quedarse con un pedazo del Balneario de Carolina vuelven a la carga. Recientemente la empresa dueña de los terrenos del Hotel Marriott en Isla Verde radicó una demanda de casi $5 millones contra vecinos y grupos ambientales con el objetivo final de poder construir un cond-hotel en una parte de los terrenos públicos de unas cinco cuerdas de ese balneario.
El reclamo de las empresas del desarrollador Eduardo “Taty” Ferrer (HR Properties, Inc. y CH Properties, Inc.) es precisamente contra los que ya desde el 2005 han logrado defender ese valioso patrimonio público costero. Qué irónico.
La empresa también demandó al Municipio Autónomo de Carolina alegando que éste no ha removido a personas del campamento que desde el 2005 se han dedicado a proteger esa parte del balneario. Pero no menciona que han usa- do por años parte de los terrenos como estacionamiento. Un breve trasfondo servirá para ubicar este maléfico desarrollo.
En 1995 la Administración de Pedro Rosselló otorgó un contrato de arrendamiento, por 99 años, a una empresa llamada Desarrollos Hoteleros de Carolina, Inc. El contrato lo firmó la Compañía de Fomento Recreativo (CFR), quien administra los balnearios y otros bienes públicos, hoy conocida como la Compañía de Parques Nacionales (CPN).
Las cinco cuerdas arrendadas eran parte de una extensión mayor de 51 cuerdas que se traspasaron por parte de la Autoridad de Puertos a Fomento Recreativo para que formaran parte de lo que antes era el Balneario de Isla Verde, según el mandato que consta en la escritura de traspaso del 1965.
El contrato del 1996 es nulo pues cedió a manos privadas esas cinco valiosas cuerdas que eran -y son- un bien público, incluyendo sus playas. Es nulo también por otras razones, incluyendo el que Fomento Recreativo no tenía autoridad de ley para ceder terrenos de un balneario.
Tampoco se celebraron vistas públicas, ni se dio a conocer el contrato, ni se preparó un documento ambiental, aun cuando esa área tiene un gran valor ecológico, pues es área de anidaje de tortugas marinas.
Eventualmente las empresas que hoy demandan, adquirieron los derechos bajo ese contrato nulo de 1996. Pero lo que es nulo no puede traspasar derechos válidos. En el 2005 comenzaron ciertas obras de relleno con la intención de construir, pero las protestas, la intensa controversia pública y las acciones judiciales (incluyendo de los vecinos, grupos ambientales e incluso Parques Nacionales), lo impidieron.
Desde ese año 2005, la persistencia y la dedicación de muchos ha logrado salvar una buena parte de esa parte del balneario. También es factible desarrollar magníficas alternativas ecológicamente sustentables, en vez de construir un cond-hotel –como se pretende– en terrenos públicos de un balneario que tanta falta hace en el área metropolitana.
Así pues, están demandando a quien precisamente han protegido esos terrenos costeros que nos pertenecen a todos. Y todos tenemos por necesidad que levantar nuestra voz y unirnos en acciones de protesta que protejan esos terrenos y esas playas públicas.
Debemos además insistir en que, de una vez y por todas, la nueva administración del gobernador Alejandro García Padilla y el Municipio de Carolina resuelvan este problema, asegurando definitivamente que esos terrenos y esas playas queden para el disfrute de las generaciones por venir.