A prueba la Ley 62
Radican primera solicitud de un proyecto bajo el requisito de Estudios de Impacto Económico Regional que ordena estatuto
La primera solicitud para establecer un negocio bajo el nuevo Reglamento de los Estudios de Impacto Regional está ya en proceso y pondrá a prueba este novel mecanismo dispuesto por la Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante, aprobada en el año 2014.
El estatuto, que es la Ley 62 de 2014, establece que este estudio “será la herramienta esencial para evaluar adecuadamente el impacto de proyectos de considerables pies cuadrados en el renglón de ventas al detal y al por mayor”.
Este primer estudio corresponde a un proyecto de la empresa Dorado Emergency and Ambulatory Services para desarrollar el Dorado Medical Shopping Village, un proyecto comercial de 160,000 pies cuadrados en el municipio de Dorado, se informó a El Nuevo Día.
Fue preparado por la compañía H. Calero Consulting Group, de la economista Heidie Calero, una de los seis profesionales en economía que certificó la Junta de Planificación para realizar estos estudios.
La propuesta fue presentada originalmente ante la Junta de Planificación, que, tras evaluarla, la remitió a la Compañía de Comercio y Exportación, que inició ya su evaluación. Esta debe culminar con una recomendación a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que tendrá la palabra final.
LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN. “En términos de estudios, solamente ha llegado uno, que ya se evaluó”, declaró el director del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación, el también economista Luis Benítez.
Este adelantó que el estudio no completó el estimado de “impacto de concentración” requerido debido a la dificultad para obtener información de ventas de los negocios de la zona.
“Nosotros lo enviamos a Comercio y Exportación, ya ese estudio salió de la Junta. Ellos han estado trabajando en una guía y nosotros le hicimos una serie de sugerencias sobre ese particular porque la guía va dirigida a cómo se van a evaluar los proyectos”, indicó Benítez.
La carta que envió el presidente de la Junta, Luis García Pelatti, al director de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Francisco Chévere, advierte que el estudio cumplió con todos los requisitos excepto el de impacto de concentración, por lo que este será uno de los temas que estarán bajo evaluación durante este proceso.
Benítez entiende que en el curso de esta evaluación se irán haciendo los ajustes que la realidad imponga.
COMERCIO Y EXPORTACIÓN. Chévere indicó, por su parte, que la carta de la Junta con el estudio fue referido a la División de Estudios de Mercados y Economía, que estará a cargo de estas evaluaciones.
Informó que los proponentes de este proyecto presentan un desarrollo comercial que va a tener un área de servicios médicos, almacén para distribución, venta de equipos médicos al por mayor y un área comercial mixta de tiendas, restaurantes y oficinas.
“Esto se evalúa por los economistas nuestros y se verifica la veracidad de los datos que ellos establecen en el estudio y se revisa la metodología. Esto lo que mide es el efecto neto de la actividad propuesta en el área, en la región y en los demás comercios, particularmente los pequeños y medianos. A nosotros nos corresponde evaluar, validar, corroborar las recomendaciones que surgen del estudio”.
El próximo paso es la OGPe o el Municipio Autónomo que otorgaría el permiso. “Nosotros entonces le hacemos una recomendación a OGPe so- bre si se debe conceder el permiso para construcción y el permiso de uso. Le recomendamos también si hay algún tipo de mitigación, si va a haber algún tipo de impacto negativo en los empleos en el área, en los recaudos, o en los comercios del área”.
El director de la CCE reconoce que la ley no le impone un plazo para someter su recomendación pero asegura que “nosotros internamente nos trazamos una meta de 30 días”.
Chévere aceptó también que hay dificultad para obtener algunos datos y no descartó que, como resultado del proceso, se realicen algunos ajustes a los numerosos requisitos dispuestos.
Aseguró, mientras tanto, que hay otros proyectos que están preparando ya sus estudios.
HEIDI CALERO. La autora de este primer estudio explicó que para realizar el mismo se utilizó la metodología que se había utilizado anteriormente en otros estudios de su empresa.
Confirmó que no se hizo el “impacto de concentración” por no contar con la información que se supone que produzca el Gobierno. “Nosotros no teníamos acceso a esa información”, que requiere conocer la venta de los distintos negocios en el área.
Comentó también que se les requiere a los proponentes hacer un inventario de todos los terrenos baldíos que podrían ser utilizados por un proyecto, y advirtió que es un costo extraordinario para un cliente, además que resulta innecesario pues los proponentes ya tienen sus propios terrenos.
“Ese tipo de cosa todavía requiere un poco de afinamiento”, señaló.
Reconoció la incertidumbre que representa ser los primeros. “No hemos pasado el crisol todavía de cómo es que se va a ver esto en todo este procedimiento”, sostuvo la economista. “Estamos esperando ver cómo va a ser esta primera experiencia”.
Sobre el nuevo requisito, opinó que “es muy positivo, muy completos los ángulos. Hay algunas cosas que me parecen un poco costosas, especialmente cuando el cliente puede ser un empresario mediano o pequeño”.
“A nosotros nos corresponde validar, corroborar las recomendaciones que surgen del estudio” FRANCISCO CHÉVERE Director de la Compañíua de Comercio y Exportación