La Cámara choca con el Supremo
Representantes esperan que el Senado se les una para detener aumentos a procesos judiciales
Aumentar el costo de aranceles en casos civiles no se justifica en este momento, en opinión del representante a la Cámara Charlie Hernández y varios de sus compañeros, quienes apoyaron la Resolución Concurrete de la Cámara 51 que radicó para desaprobar una movida en esa dirección del Tribunal Supremo.
“Cuando usted radica una demanda eso lleva un sello, eso es un arancel. Ese sello puede ser de $1 o de $100, $150, $200 y el Tribunal Supremo está disponiendo por reglamento unos sellos que me parece que son muy costosos, que se suman a un sistema que ya es costoso”, dijo Hernández a El Nuevo Día al explicar el fundamento de la resolución que radicó el pasado jueves, 26 de marzo.
El texto de la medida establece que el 9 de marzo de 2015, el Supremo emitió la Resolución Núm. ER2015-1 “aumentando el precio de los derechos arancelarios en los procesos civiles”. Según el representante hay aumentos de hasta 40%.
“Hace apenas cuatro años que consentimos un aumento de los aranceles y la Judicatura decía que era suficiente”, reprochó Hernández, quien indicó que en el 2011 criticó a los entonces presidentes de cámaras legislativas por no actuar en el mismo asunto. Él espera que esta vez sea diferente. Incluso, la pasada presidenta de la Cámara, Jenniffer González, fue una de las que se unió como coautora de su resolución.
“Confío en que el Senado entienda la urgencia que reviste mantener un sistema judicial que sea accesible”, afirmó. La Legislatura tiene hasta 60 días luego de concluida la sesión, que termina el 30 de junio, para manifestar reservas, rechazar o enmendar una resolución del Supremo.