Detectan esquema de facturación fatula en Educación
Contralor halló sobrepago de $800 mil a uno de los transportistas de región educativa de Caguas
El Departamento de Educación (DE) está bajo investigación del Departamento de Justicia (DJ) desde 2013, según confirma un informe de auditoría divulgado ayer por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
La pesquisa inició luego que la OCPR identificara facturaciones aparentemente fraudulentas y otras irregularidades en los desembolsos de servicios por transportación escolar y la contratación de proveedores para adiestramientos a padres y maestros en la región de Caguas.
Los auditores encontraron que entre el 1 de julio del 2007 y 31 de diciembre de 2012 compañías de servicios profesionales sometieron cotizaciones falsas para ofrecer adiestramientos para madres y maestros en las escuelas de la región.
Los talleres tenían el propósito de desarrollar técnicas en los padres y maestros para que mejorar el desempeño académico de los estudiantes.
El examen, realizado con apenas una muestra de 16 comprobantes de desembolso con sus respectivas órdenes de compra y justificantes, reveló que en la mitad de ellos una misma persona actuó como representante de dos compañías, pero con puestos distintos en cada una.
Presentar propuestas con distintos nombres de empresa, pero con un mismo dueño, podría amañar el proceso de subasta ya que esto aumentaría las probabilidades de selección en la puja. Según el informe, algunas cotizaciones se recibían de diferentes compañías, pero utilizaban el mismo número de fax para enviarlas al DE.
“Los empleados que solicitaron, recibieron y evaluaron las cotizaciones y adjudicaron las compras no validaron ni verificaron la procedencia y veracidad de las ofertas recibidas”, lee el informe firmado por la contralora Yesmín Valdivieso.
Además de la posible facturación fraudulenta, los auditores encontraron fallas en los pagos del transporte escolar de la zona. Un porteador cobró $628,656 en exceso a lo estable- cido en la subasta y $223,586 más de lo debido por informar estudiantes duplicados en los contratos y otros por los que se pagó, pero no fueron identificados en las listas oficiales.
“Determinamos que la cantidad de estudiantes transportados no coincidía con la cantidad de estudiantes que se establecía en las Listas de Estudiantes en Orden Alfabético, las que se utilizan para determinar la cantidad de estudiantes a transportar por contrato y el pago de los servicios”, se indica en el informe.
Por su parte, el secretario de Educación actual, Rafael Román, respondió al informe y sostuvo que “a partir de enero de 2013, se han establecido las medidas necesarias para llevar un control sobre los contratos de trans- portación escolar. Entre ellos hemos cambiado al personal en su totalidad y los nuevos reglamentos vigentes establecen nuevos mecanismos para otorgar contratos”.
El gasto de transportación escolar para los años fiscales auditados fue de $71,594,000 únicamente para la región de Caguas, que otorgó 153 contratos de servicios para 32,777 estudiantes.
La región de Caguas atiende los municipios de Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
MULTAS A TRANSPORTISTAS. El 26 de marzo del 2013 y el 10 de julio del 2014 la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del DJ presentó ante el De- partamento de Asuntos del Consumidor (DACO) siete querellas contra 30 transportistas por violar la Ley de Monopolios.
“En las querellas, la OAM alegó que los transportistas incurrieron en acuerdos ilegales de restricción al comercio en el mercado de la transportación”, lee el documento, que añade que los transportistas se unieron para “manipular y limitar” la oferta de transportación escolar.
Del total de porteadores multados, 26 pagaron una sanción de $5,000 y cuatro de $10,000.
La OCPR descartó que los hallazgos del informe tengan que ver con el referido que hicieron al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) a principios de este año.