Clave restablecer el sistema de mérito
El restablecimiento del sistema de mérito en la administración pública debe ocupar un lugar prioritario en todo proceso de reestructuración del Gobierno, porque su sustitución por el patronazgo político ha propiciado degradación de los servicios, duplicid
Ese partidismo que reemplazó hace décadas la ética de trabajo por la que se regía el empleo público es, a su vez, uno de los elementos principales que abona a la crisis fiscal que asola al País, empaña la transparencia e impide que se encuentren soluciones viables para regresar a la ruta del progreso.
Por ello, la reorganización gubernamental que planifica iniciar la administración del gobernador Alejandro García Padilla demanda que se restablezca ese principio del mérito como requisito esencial para el empleo público, tanto en las agencias del gobierno central como en sus corporaciones públicas.
No deben sorprendernos los hallazgos de un estudio realizado por el Centro Multidisciplinario sobre Gobierno y Asuntos Públicos (Cemgap) de la Universidad de Puerto Rico, que concluyó que el patronazgo político se traduce en baja productividad, pobre calidad de los servicios, ausentismo, salarios pagados en exceso del valor del trabajo realizado, dificultad para identificar soluciones efectivas a los problemas de los ciudadanos, desigualdad y desvío ilegal de recursos públicos.
“Estas prácticas han empobrecido el servicio público y la sociedad; se está subutilizando el talento pues las oportunidades no las tienen quienes deberían tenerlas”, afirmó la directora interina de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, Yolanda Cordero, quien dirigió el estudio encomendado por la Cámara de Representantes. Todos esos elementos negativos que están presentes en el empleo público en Puerto Rico desde hace décadas han derivado en la falta de confianza de la ciudadanía en la capacidad y voluntad de sus empleados públicos, lo que genera, a su vez, una pobre gestión pública que hace daño al desarrollo económico.
No es de extrañar, por lo tanto, que el País haya llegado a su situación fiscal actual, con una deuda pública que sobrepasa los $73,000 millones, un presupuesto en déficit y una infraestructura necesitada de renovaciones que no puede pagar.
Es obvio que el Gobierno tiene que restablecer el sistema de mérito como esencia del empleo público y nos parecen bien las recomendaciones del estudio de que se aprueben leyes que requieran la competencia para optar por un puesto gubernamental. Sin embargo, creemos que deben adoptarse medidas urgentemente para comenzar a enderezar el rumbo antes de que se adopten las leyes pertinentes, un proceso que, a juzgar por las recomendaciones de estudios adicionales hechas por el Cemgap y los planes del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, tomará bastante tiempo.
Perelló indicó que en las próximas dos o tres semanas se estaría conformando un equipo multisectorial de trabajo a los fines de utilizar los hallazgos y recomendaciones del estudio para producir legislación que redunde en un servicio público “sólido, motivado y productivo”.
Además, según Perelló, el trabajo de este grupo complementará las gestiones que realiza el secretario de Estado, David Bernier, con miras a una reforma gubernamental.
Mientras tanto, el estudio recomienda que se hagan análisis dirigidos a conocer el grado de equivalencia en las entidades del Gobierno y crear un sistema uniforme de clasificación para la Rama Ejecutiva que ponga fin a la marcada brecha que existe al presente en los salarios de los empleados públicos.
La crisis fiscal del País requiere soluciones urgentes y si, como se plantea, la politización del servicio público ha abonado a la situación actual, entonces deben adoptarse de inmediato medidas intermedias que permitan cuando menos poner coto a los desmanes en lo que se adopta la legislación que se necesita.
Restablecer el sistema de mérito le devolverá al servicio público la ética que debe regir el trabajo en todas sus manifestaciones. Del mismo modo, restituirá la confianza de la ciudadanía en los empleados públicos y contribuirá enormemente al saneamiento de la gestión gubernamental, esencial para nuestro desarrollo social y económico futuro.