En vilo el acceso a la justicia
Don José Antonio Martín Pallín, magistrado español, sentencia que “[l] os tribunales de justicia son el mejor sismógrafo para detectar las últimas e infinitas ramificaciones, convulsiones y conflictos de toda índole que está generando de forma acelerada la crisis económica mundial en la que estamos inmersos”. Aceptando la lógica del distinguido jurista, lo menos que un gobernante quisiera en tiempos de crisis es debilitar la institución que servirá de balanza en los conflictos que surjan como resultado natural de esa crisis.
No es un secreto que la crisis económica se ha recrudecido tanto en el ámbito público como privado. Con el fallido intento de aprobar una reforma contributiva, se acercan tiempos más espinosos, principalmente para el Gobierno. El año pasado, mediante la Ley 66, a la Rama Judicial le redujeron $54 millones de presupuesto y, recientemente, el gobernador anunció más recortes para el presupuesto que se avecina. Estas nuevas reducciones afectarán numerosos pleitos judiciales, además de otros servicios y programas que brinda la Judicatura al pueblo. Para amortiguar el impacto de la reducción, la Rama propuso, entre otras cosas, un aumento en los aranceles. Sin embargo, nos opusimos vehementemente a dicha medida, toda vez que apenas hace cuatro años entró en vigor el último aumento y la ciudadanía no aguanta un incremento más en el costo de la vida.
Por nuestra parte, a pesar que nuestro Colegio se ha visto afectado por opiniones ju- diciales de una mayoría del Tribunal Supremo, soslayándose por ello nuestra presencia institucional en los centros judiciales, no significa que guardemos silencio ante una equivocada política pública del Ejecutivo. El sistema de justicia es mucho más que decisiones judiciales e intereses particulares. Son los servicios que brinda al pueblo; su dedicado personal; los jueces y juezas de Instancia y Apelaciones; los ciudadanos que son partes de un caso; y nosotros que como abogados y abogadas también somos funcionarios del Tribunal. En fin, comparado con otras entidades públicas, la mayoría de los recursos que la Rama invierte están dirigidos a servicios directos al pueblo. Agravar la condición económica del sistema colapsaría las arterias que dan a los ciudadanos el acceso a la justicia y al corazón de la democracia, que no son otra cosa que la igualdad ante la ley y su debido proceso.
Para demostrar la gravedad del asunto, señalamos que en el año fiscal 2012-13 se presentaron 267,173 casos en los tribunales. Todos esos casos están garantizados por un debido proceso de ley que debe ser rápido, justo y económico. Pregunto al señor gobernador: ¿cómo se garantizaría ese debido proceso con salas cerradas y menos personal para atender los casos y las necesidades del público? Lamentablemente, auguramos que los resultados serán múltiples desestimaciones por violación a juicio rápido en los casos criminales; casos civiles interminables por congestión en los calendarios; aumento en los costos de litigación; y miles de personas sin poder acceder a los tribunales para vindicar sus derechos. A lo anterior se suman los casos de menores y relaciones de familia. Las partes que componen este tipo de casos pertenecen mayormente a los grupos socioeconómicos más desventajados y que más dependen de los programas y servicios de la Judicatura. Estos dejarían de existir si se continúa con la reducción de recursos.
Puerto Rico vive momentos difíciles, pero los problemas no se resuelven debilitando la institución que nivela la democracia y que dirimirá las controversias que la misma crisis ha creado. Indudablemente, los resultados de esta situación económica tanto en la esfera pública como privada terminarán ventilándose en nuestros tribunales. No obstante, al final del camino -como expresara la jueza presidenta Fiol Matta- “no habrá instrumento para asegurar el orden social y el costo final, tanto económico como sociopolítico, superará por mucho los recortes a nuestro presupuesto”.