Difícil de lograr la transparencia
Puerto Rico y países de América Latina recurren al financiamiento público de campañas para reducir el inversionismo político El sistema no es a prueba de corrupción debido a la debilidad de los organismos fiscalizadores y la presencia de donativos privado
La transparencia ha resultado ser una meta difícil de lograr cuando se trata del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico y América Latina. Esto, a pesar de que se inyectan fondos públicos a los partidos con el fin de reducir el uso de aportaciones privadas, y de que se cuenta con entidades fiscalizadoras.
“Esa siempre es la razón que motiva el financiamiento mixto: eliminar o disminuir la influencia del donativo privado en las decisiones gubernamentales”, sostuvo Manuel A. Torres Nieves, contralor electoral de Puerto Rico, para resaltar la importancia de que el Estado utilice parte de su fondos en los partidos políticos y sus candidatos.
Pero la amenaza que pudiera ejercer un donante sobre un funcionario continúa latente, pues el financiamiento privado de las campañas políticas sigue vigente. “Se evaluó el financiamiento público total, pero se entendía que iba a ser alto el costo de financiar todas las candidaturas”, apuntó Torres Nieves. Por eso, actualmente solo las colectividades políticas y los candidatos a la gobernación reciben fondos públicos.
Ese dinero del gobierno ha resultado útil para poder establecer límites a los donativos privados, dijo el contralor electoral al recordar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el caso Buckley v. Valeo se determinó que tiene que haber financiamiento público para poder poner límites a las aportaciones privadas sin violar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Torres Nieves aseguró que a pesar de que solo se aplica este mecanismo a partidos y a candidatos a gobernador, “esto nos da herramientas de poder llegar a tener acceso a información y reglamentar los actos de esos candidatos, lo que es esencial para evaluar el resto de los donativos”.
Sin embargo, la Isla cuenta con menos garras para controlar el inversionismo político desde diciembre pasado, cuando cambios aprobados a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas quitaron el límite al número de candidatos a los que una persona le puede donar el máximo de $2,600.
Antes la ley establecía que la suma
de las aportaciones de un donante no podía exceder los $12,500 a todos sus candidatos, lo que se conoce como el límite en agregado. Ahora, un donante puede aportar hasta $2,600 por candidato, sin límite de aspirantes de un partido o a un grupo de candidatos de diferentes partidos.
La ley fue enmendada a raíz del caso McCutcheon v. Federal Election Commission, en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que no se puede limitar a la cantidad que un donante puede contribuir en total a todos los candidatos o comités, ya que hacerlo coartaría el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y asociación.
“El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado decisiones que han abierto el espacio al dinero privado alegando que la libertad de expresión no se debe afectar. Todas esas determinaciones aplican a nuestra jurisdicción”, dijo el contralor electoral, cuya oficina está a cargo de fiscalizar y auditar el financiamiento de las campañas políticas.
SISTEMAS MIXTOS. Varios países de América Latina, al igual que Puerto Rico, combinan fondos públicos y privados para financiar las campañas electorales, las operaciones de los partidos o ambas cosas, de acuerdo con información suministrada por medios de comunicación que pertenecen al Grupo de Diario América (GDA). En lo que se distinguen es en como aplican el sistema.
En naciones como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Costa Rica, se utiliza el número de votos obtenidos en las elecciones anteriores para determinar la cantidad de fondos públicos a otorgar.
Por ejemplo, en Uruguay, el Estado aporta a los partidos una partida anual equivalente al valor de 45 centavos por cada voto obtenido en la última elección nacional. Además, cada colectividad recibe $10 por cada voto válido a favor de su candidato presidencial.
En Costa Rica, el gobierno realiza un aporte cuatrienal a las colectividades que obtuvieron más del 5% de los votos en las elecciones generales.
Mientras, el Consejo Nacional Electoral de Colombia fija un precio a pagar a los partidos políticos por cada voto que obtengan. El precio varía: es uno para las elecciones presidenciales y otros para el Senado, la Cámara, las gobernaciones y las alcaldías.
En Chile, se otorgan fondos estatales a los candidatos después de los comicios, a modo de reembolso, que depende del número de votos obtenidos.
El contralor electoral indicó que en la Isla, “en el proceso de enmiendas a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas se evaluó la posibilidad de incluir este tipo de financiamiento por voto obtenido”. En cambio, se optó por establecer un fondo en el que no importe la cantidad de votos obtenidos.
Para los gastos de campaña de los partidos y candidatos a gobernador, la ley de Puerto Rico dispone que estos podrán obtener hasta $5 millones en donaciones y $5 millones en pareo gubernamental. También hay un fondo voluntario al que se tiene que aportar $250,000 en donativos (que serán pareados a razón de 4 a 1) para acceder a $1 millón en dinero público.
ESCÁNDALOS. Pese a que Puerto Rico y naciones de América Latina han establecido el financiamiento público para disminuir donativos privados que puedan redundar en inversionismo político, los escándalos no han dejado de aflorar.
Un ejemplo es el caso Petrobras en Brasil, donde se desviaron cerca de $4,000 millones en “propinas” a par- tidos políticos y negociados ilegales con las mayores constructoras de la nación sudamericana. Así ocurrió aun cuando las leyes brasileñas, distinto a Puerto Rico, prohíben los donativos anónimos.
En México, el GDA resaltó el caso “Pemexgate”, en que la petrolera estatal Pemex realizó una aportación no reportada de $50 millones al Partido Revolucionario Institucional, lo que le costó una multa de $100 millones. Esto a pesar de que la nación privilegia constitucionalmente el financiamiento público sobre el privado para hacer frente a intereses corporativos o del crimen organizado.
En la Isla, una de las controversias más recientes fue en la que se levantó bandera sobre las peculiares circunstancias en que se mudaron las instalaciones del Centro de Servicios al Conductor de Carolina (Cesco) del edificio donde había estado durante años a otro con un mayor costo mensual de alquiler y cuyo propietario es hijo del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan ‘Johnny’
Crespo Ramos. Al respecto, la consultora argentina
Delia Ferreira, miembro del consejo directivo de Transparencia Internacional -organización con presencia en 100 países que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política-, señala que el aumento de fondos públicos destinados a las campañas políticas “no está blindado, este sistema, a la corrupción”.
DEL DICHO AL HECHO. Agregó que uno de los principales problemas de América Latina en este tema es la debilidad de los órganos fiscalizadores. “Si usted tiene que marcar una tendencia en la región, yo diría que tenemos un buen nivel de regulación en líneas generales, pero un mal sistema de aplicación de esas reglas de control y sanción a los incumplimientos. Hay una gran brecha entre lo que dice la norma y la realidad”, manifestó Ferreira al GDA.
“Hay que fortalecer los órganos de control, y eso significa tres cosas indispensables: independencia política, capacidad -esto es, presupuesto, personal, dotación de tecnología, etcétera- y competencias jurídicas adecuadas. Sin esas tres condiciones, los organismos de control no pueden funcionar”, sostuvo la consultora.
En reacción a esto, el contralor electoral resaltó que su nombramiento y el del subcontralor son a 10 años, lo que los separa de los vaivenes políticos y les da independencia. Agregó a pesar de que su oficina ha sufrido una reducción total de $1 millón a su presupuesto en los últimos dos años, “tenemos mayor capacidad tecnológica y hemos duplicado la cantidad de auditores (de 12 a 25)”.
Esa capacidad tecnológica ha permitido que las colectividades radiquen sus informes de ingresos y gastos electrónicamente, lo que agiliza los procesos de fiscalización. Tener más auditores ha redundado en poder usar las redes sociales y visitar pueblos de la Isla para comprobar la información sometida en los informes.
En aras de lograr la transparencia, Colombia también se ha valido de la tecnología. Su Consejo Nacional Electoral cuenta en su página web con una sección llamada “Cuentas Claras”, en donde los candidatos deben registrar sus ingresos y gastos de campaña.
“Con la radicación electrónica hay más transparencia porque facilita la búsqueda de información, pero aún queda camino por recorrer”, sostuvo Torres Nieves. “Los informes no son públicos a través de la Internet, aunque sí están accesibles en nuestra oficina”. Habría que enmendar la legislación vigente para que cada elector pudiera acceder los documentos desde sus casas, concluyó.