Alega que hay nueva prueba
Abogado de convicto por asesinar a exreina de belleza insiste en que su cliente es inocente
Departamento de Justicia conoce al verdadero asesino de la exreina de belleza aguadeña Glorimar Pérez Santiago, asesinada en julio de 1988, sostuvo ayer el abogado Osvaldo Carlo, quien representa a uno de los tres convictos de ese asesinato, Nelson Ruiz Colón.
Ruiz Colón demandó a las autoridades estatales en el Tribunal federal alegando que se les violentaron sus derechos civiles. El convicto pide en la demanda que se ordene a las autoridades estatales analizar la prueba científica del asesinato, que es custodiada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Esta petición ya fue denegada en la esfera federal por el convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández, quien será sentenciado hoy en la corte federal por corrupción.
De encontrarse material genético que no vincula a las tres personas convictas, la defensa de Ruiz Colón pediría la celebración de un nuevo juicio, explicó Carlo.
En la moción, que será considerada por el juez federal Francisco A. Be- sosa, Carlo sostiene que el supuesto verdadero asesino de Pérez Santiago es Rafael Baucage, quien era dueño de una pizzería al momento del delito. El sujeto supuestamente le confesó a su hermana, identificada como Nilsa Baucage, que había asesinado a la exreina de belleza y esto trascendió gracias a la pesquisa de un investigador privado, indica Carlo en su demanda.
También se alega que Ana Chávez, quien estudió con Pérez Santiago, la vio salir de la pizzería de Baucage el día de su asesinato.
Entrevistado por El Nuevo Día, Carlo dijo que esta información es nueva puesto que no trascendió durante el juicio contra Ruiz Colón y Nelson Or- tiz Álvarez y José Caro, los otros dos convictos por el secuestro, violación y asesinato de la exreina de belleza. Caro era dueño también de una pizzería al momento del asesinato de la exreina.
Carlo afirmó que durante la pesquisa de Justicia se incautó el arma de fuego de Baucage. “Por lo tanto, conocen a este sujeto porque ocuparon su arma. No nos consta que lo hayan entrevistado, pero sí que formó parte de la investigación a tal extremo que el arma fue ocupada. Esta información se descartó, aunque fue investigada”, afirmó.
“El arma no se sometió a evaluación con la excusa de que la bala que apareció (en la escena del asesinato), no tenía suficientes fragmentos para ser
sometida al estudio de balística”, dijo. El fiscal general, José Capó, quien además del Departamento de Justicia; su secretario, César Miranda, el ICP y su directora, Edda Rodríguez, es uno de los demandados, confirmó que Justicia incautó el arma y no se pudo someter a análisis. Pero dijo que esto y la supuesta confesión de Baucage no son evidencia nueva en este caso.
“Esto no es nuevo. Y es el beneficio de la investigación que brinda un investigador privado pagado por los familiares de los implicados”, aseveró.
“Hay que ver si eso se traduce en lo que exige la jurisprudencia para dar margen a la concesión de un nuevo juicio”, destacó.
De inmediato, dijo que para ello, es necesario cumplir con cinco requisitos, que incluyen tener prueba que no estuvo disponible al momento del juicio. “Tienen que convencer al juez”, indicó. “Este es un nuevo intento, como en ocasiones anteriores, de parte de los familiares de los imputados, para tener otro turno al bate y tratar de revivir el mismo asunto que ha sido adjudicado en varias ocasiones”, sentenció Capó.
“Este es un nuevo intento para tener otro turno al bate y tratar de revivir el mismo asunto”
JOSÉ CAPÓ
Fiscal general