Eliminar a los que lo hacen bien
La vista ante el juez Gustavo Gelpí sobre la demanda de los centros comunitarios 330 contra el Departamento de Salud ocupó recientemente las primeras páginas periodísticas por varios días.
El caso iniciado en 2003 fue adjudicado hace varios años en favor de los centros 330. La controversia inmediata a dilucidar en la vista era que Salud no tenía el dinero para cumplir con los pagos, que por mandato federal, le corresponden a los centros y que el magistrado había validado previamente. Pero algunos funcionarios gubernamentales se apartaron del asunto a resolver para lanzarle golpes bajos a nuestros centros 330. Que si Salud los subsidia, que si sus servicios son innecesarios, que si hay que eliminar esa duplicidad, que si su cuidado es más caro que el de los otros IPA.
Decir que una visita es más cara en los centros 330 es una media verdad, es no entender cómo es que una sociedad se torna más saludable. Se logra fortaleciendo el contacto inicial del beneficiario con el sistema de salud. Proveyendo un equipo multidisciplinario que ayude al médico primario a prestar un cuidado integral que prevenga enfermedades, las diagnostique tempranamente, las trate a tiempo y correctamente, evite complicaciones y hospitalizaciones innecesarias.
Ésa es la medicina primaria preventiva ejemplar que practican los centros 330. Es más cara en su visita inicial porque es más completa y abarcadora, porque incluye múltiples servicios. Pero al final del camino, el resultado es un paciente más saludable, que se enferma menos, que gasta menos en servicios, que cuesta menos. Eso es costo-efectividad, la que teníamos en tiempos de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), la que mantenemos hoy para los que se atienden en un centro 330. La que no es posible desarrollar completamente en la medicina sin prevención ni promoción de la salud que practican los otros IPA de Mi Salud.
Los centros 330 en Puerto Rico y Estados Unidos son los proveedores que más beneficiarios Medicaid atienden, economizándole a este programa entre $10,000 millones y $24,000 millones anuales. La ley federal “Benefits Improvement and Protection Act” de 2000 obligó a los gobiernos de los estados y territorios a pagarle a los centros 330 tarifas complementarias, definidas por fórmula, para compensar adecuadamente sus servicios, para que los centros 330 no tuviesen que utilizar sus propios fondos federales al servicio de poblaciones marginadas sin seguro para subsidiar a los pacientes Medicaid.
El caso entre los 330 y el gobierno de Puerto Rico pudo haber sido evitado si el Departamento de Salud hubiese cumplido con el mandato federal durante la Administración Calderón. Hicieron caso omiso y no le dieron otra opción a los 330 que incoar la demanda en 2003.
El gobierno incumplidor jamás ha querido reconocer el valioso papel que han desempeñado nuestros centros 330 durante cinco décadas. Los tratan como enemigos, en vez de abrazarlos como aliados importantes al cuidado de los pobres de Puerto Rico. Si alguien tiene duda de la excelencia de los 330, que ASES haga un perfil comparativo entre los 240,000 beneficiarios de Mi Salud atendidos en los 330 y los 1,100,000 millones que atienden los otros. Entonces se convencerán de la joya preciada que quieren destruir para continuar con el impagable negocio de la salud, para sacar del medio a los que lo verdaderamente velan por el bienestar y la salud del paciente, para eliminar a los únicos que han cumplido con una programación completa y continua para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades que, en 21 años, ninguna administración gubernamental ha querido garantizar a nuestros pobres.